Los avances de las energías renovables en España son significativos: han aumentado su participación en la demanda eléctrica del 38% al 52% entre 2019 y 2023. No obstante, el término de energía final la electrificación solo se ha incrementado un punto porcentual, del 23% al 24%, evidenciando el largo camino por recorrer en la descarbonización. Esta disparidad entre el progreso en generación renovable y la electrificación total representa uno de los principales desafíos estructurales del sector.

Centrándonos en fotovoltaica, mientras crece la potencia instalada y se alcanzan hitos como liderar por primera vez en la historia el mix eléctrico español en 2024, diversos factores ralentizan su expansión.

Políticamente, la transición en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con Sara Aagesen reemplazando a Teresa Ribera, sugiere continuidad en políticas potentes de descarbonización. Sin embargo, la complejidad del panorama político dificulta la aprobación de normativas necesarias, y más preocupante resulta que algunas comunidades autónomas han establecido barreras regulatorias que podrían comprometer la ventaja competitiva de España en su reindustrialización verde.

Otro reto es el actual sistema de mercado eléctrico, con un modelo de mercado marginalista que no se adecúa a las necesidades de una tecnología sin costes marginales como la nuestra. También tenemos pendientes las subastas de 2024, que deberán realizarse cuanto antes en 2025, con un diseño que aporte certidumbre sin añadir complejidad al mercado. Su definición debe adaptarse al momento actual, funcionando como instrumento estabilizador en un contexto de precios volátiles.

Por su parte, el autoconsumo y las comunidades energéticas avanzan más lento de lo necesario para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. En autoconsumo, el sector requiere una simplificación urgente de trámites administrativos e implementar incentivos fiscales efectivos que impulsen su desarrollo. Las comunidades energéticas representan un modelo innovador de participación ciudadana que encuentra obstáculos en la falta de un marco regulatorio completo, y en ese sentido desde UNEF hemos presentado una propuesta de marco normativo detallado para que este actor pueda desarrollarse y participar en igualdad de condiciones con los actores tradicionales en un sistema energético complejo. El potencial de estas comunidades para democratizar el sistema energético y aumentar la aceptación social de las renovables justifica un esfuerzo específico para impulsar su desarrollo.

Planta solar Picón, construida y operada por ABEI Energy en Ciudad Real.

Y para las plantas en suelo, la prioridad es corregir la senda de demanda causante de unos precios energéticos que desincentivan la inversión, siendo ahora más crucial la convocatoria de concursos de demanda que los de oferta. Y aquí el almacenamiento energético emerge como solución clave para estabilizar precios y extender las horas de energía competitiva, requiriendo un marco regulatorio y retributivo que aporte estabilidad y atraiga inversiones.

En términos sociales y medioambientales, el sector fotovoltaico debe continuar garantizando su impacto positivo y asegurar su excelente integración territorial, generando riqueza local y protegiendo la biodiversidad. En ese sentido, seguiremos demostrando que las instalaciones bien diseñadas no solo son compatibles con la preservación del entorno rural y natural, sino que pueden contribuir positivamente a su desarrollo y generar impacto social positivo y duradero.

El éxito en 2025 dependerá de nuestra capacidad para aprovechar la ventaja competitiva histórica que tiene España con la fotovoltaica. Contamos con recursos naturales excepcionales, un tejido empresarial maduro y conocimiento técnico consolidado. Aprovechar esta oportunidad mientras se abordan los desafíos estructurales determinará no solo el futuro del sector, sino también la capacidad del país para liderar la transición energética europea.