Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica)

Para los pequeños productores fotovoltaicos el año 2022 será recordado como un ejercicio sombrío, con más sobras que luces. Un año marcado por la trágica agresión a Ucrania, una guerra que está tensionando los mercados energéticos europeos, disparando los precios de las energías y, con ellos, los costes de producción de bienes y servicios, lo que se ha traducido en un incremento de precios al consumidor inédito en las últimas décadas.

Sin abandonar la perspectiva internacional, este 2022 continua la serie interminable de laudos arbitrales en contra del Reino de España por el drástico recorte a las primeras renovables, un escándalo sin precedentes que evidencia que a los productores españoles, 65.000 familias, habría que proporcionarles igual justicia a través de una solución política.

Solo el avance del autoconsumo -más de 2.200 MW instalados en el ejercicio- aporta algún consuelo al sector productor de bases social, puesto que la generación para venta a través de la red de distribución y transporte está quedando en manos de unos pocos operadores y las comunidades energéticas son, aún hoy, una incógnita, puesto que para proyectos de cierta entidad no está claro si podrán acceder.

Nos preguntamos qué escenario de precios tendríamos sin las instalaciones renovables que se instalaron en este país desde el año 2007 hasta el parón de 2012, sin duda los precios hubieran sido mucho más elevados para el consumidor y para la industria; es una lástima que la sociedad no conozca esta realidad. A pesar de la penetración de las fuentes renovables, dependemos y dependeremos en el corto y en el medio plazo del gas que nos suministran países terceros. Y nuestro sistema eléctrico articula un mecanismo que contagia los elevados precios del gas a los del suministro eléctrico. Con lo que asistimos a un escenario de precariedad energética que vacía las ya menguadas cajas de nuestras pymes y autónomos y quebranta el bienestar energético de los españoles.

Es justo reconocer que nuestro Gobierno no se ha cruzado de brazos, que ha articulado infinidad de medidas para paliar las consecuencias de este calvario geopolítico. Pero también asistimos a un triste espectáculo europeo: el statu quo energético se resiste a reformar un mercado marginalista obsoleto, que saca interesantes réditos del modelo fósil y su distorsión en los mercados electrificados.

Frente a ello: más renovables, más socialización de la generación y mejores regulaciones, valientes y más alejadas de las influencias interesadas de los monopolios del sector energético, que tratan, como es lógico, de lograr el máximo de los beneficios posibles; pero han de encontrar sabiduría y buen criterio en los que administran el interés del ciudadano, procurando un equilibrio entre el legítimo ánimo de lucro empresarial y el bienestar de los ciudadanos y la competitividad de las pymes, que requieren energía a precios adecuados.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha continuado con sus convocatorias de subastas para el otorgamiento de régimen económico de energías renovables, con el objetivo de captar un volumen de megavatios de diferentes tecnologías renovables que se comprometan a suministrar la energía que producen a un precio reducido durante 12 años. El contexto revela que, con una perspectiva de precios altos en el medio plazo y con unos precios de reserva demasiado ajustados, las empresas no hayan acudido como lo hacían anteriormente, sin que esto vaya a condicionar los objetivos de penetración de energía renovable en el sistema, sencillamente demuestra que los proyectos esperan retornos más interesantes en el mercado o a través de acuerdo bilaterales.

A los pequeños proyectos, por costes de economías de escala, se le habría de mejorar el precio de reserva, que habría de ser conocido de antemano, para evitar los inconvenientes de gestión y presentación de garantías para participar en estas subastas si dicho precio no es atractivo. Con los precios de adjudicación de potencia que se dieron en la última subasta para pequeñas instalaciones, de haberse conocido el precio de reserva y mejorado algunos euros, dado que los costes de instalación se han elevado sensiblemente en este ejercicio, pensamos que hubiera tenido una aceptación mucho mayor.

Pero el problema más acuciante del año y del sector es la ausencia de puntos de evacuación, un nudo que habría de resolverse con urgencia porque impide el acceso a proyectos de pequeño y mediano tamaño, los óptimos a nuestro criterio, porque pertenecen a pymes y ciudadanos de las comarcas y dejan allí la riqueza, y porque no tienen impactos medioambientales o paisajísticos aberrantes.

La normativa de autoconsumo evoluciona con mucha lentitud y las gestiones técnico-administrativas son una verdadera yincana. Es increíble que, teniendo sol, territorio, redes y ciudadanos con voluntad de implantar energía fotovoltaica, esencial para la descarbonización, nos encontremos con tantas barreras y trabas. Es preciso dinamizar la instalación de autoconsumos, comunidades energéticas y pequeños proyectos sociales para venta de energía a red.

El análisis y el debate sobre el despliegue de la generación renovable en nuestro país debió ser abordado desde todas las administraciones (central, autonómicas y municipales), desde todas las competencias y perspectivas (de energía, medioambientales, de economía, de ordenación del territorio) y con las organizaciones empresariales de pymes y las asociaciones sociales. Se trata de un sector trascendental para la economía, la competitividad, la sostenibilidad de los entornos y el bienestar social.

Anpier es la asociación que representa el modelo social de generación fotovoltaica, cuyas bondades son evidentes, tan evidentes que nos sorprende que no se esté incentivando. Con instalaciones de menos de 5 MW obtenemos ventajas: técnicas, territoriales, medioambientales, paisajísticas, económicas y geopolíticas.

Tenemos un territorio adecuado, sol abundante con temperaturas frescas en muchas latitudes y evacuación: el triángulo mágico que sitúa a España en una posición de ventaja para la transición energética. Estamos ante un patrimonio que habría de ser de todos los españoles, que debería de ser bien administrado desde su inicio, porque si el esquema inicial es inadecuado, el desarrollo no aportará beneficios a quienes habitan las comarcas de España, que debería ser el fin a perseguir.

Pero, sobre todo, recordemos que la fotovoltaica es ese gran regalo que nos va a permitir seguir contando con la energía necesaria para mantener y avanzar en prosperidad sin destrozar nuestra casa común; pero el camino para madurar esta forma de producir energía ha sido largo y duro, y que en este país fue realizado por 65.000 familias valientes que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus casas en una inversión ética, cuyos frutos están ahora siendo disfrutados por la sociedad.

No habrá transición energética justa si no se reconoce esta labor y se compensa a este colectivo por los draconianos recortes retroactivos que han soportado. Es bochornoso ver cómo los tribunales arbitrales internacionales exigen al Estado español que reparen el daño causado a los inversores foráneos, mientras que no hay avance para los nacionales, a pesar de ser un compromiso de este Gobierno. La injusticia es tan grande y el colectivo es tan numeroso que jamás será posible silenciar esta ignominia. En este 2023 elevaremos aún más la voz del colectivo de familias que ayudó a su país y al planeta; pero fue traicionado por quienes le pidieron este trascendental esfuerzo.

Para nosotros también es relevante que en 2022, otro año más, nos hemos recorrido toda España, de norte a sur, de este a oeste. Un enriquecedor recorrido por territorios con muy diferentes paisajes y con gentes diversas; pero unidas por un mismo afán: que la socialización de la energía sea una realidad y no solo una bonita fábula contada una y otra vez, y cuya moraleja termina por ser “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Más allá de las palabras, la realidad se impone: las 65.000 familias productoras pioneras que iniciaron la transición ecológica y la socialización de la energía en este país, han sufrido y sufren un calvario en forma de recortes retroactivos salvajes como “premio” a la inversión ética que les solicitó el Estado español, mientras que a los que ahora pudieran plantearse participar del sistema eléctrico se les facilita únicamente el acceso a los autoconsumos y las comunidades energéticas, si logran superar los obstáculos normativos que acechan cada iniciativa de generación eléctrica.

En los 27 actos que hemos celebrado en nuestro Camino del Sol 2022 no hemos constatado otra cosa que desilusión y desesperanza, los pioneros fotovoltaicos porque no se le compensa ni una pequeña parte del quebranto retroactivo injusto, a pesar de que es una promesa de este Gobierno; unas compensaciones que los fondos de inversión sí logran laudo tras laudo, en los que el CIADI (Banco Mundial) impone al Estado español la obligación de compensarles el daño sufrido a estos inversores foráneos.

Sin el esfuerzo inversor que se hizo hace una década para madurar esta tecnología -la fotovoltaica- en España y en otros países de Europa, estaríamos indefensos frente al cambio climático y cautivos de la generación fósil, contaminante y cara, en unos países con una alarmante dependencia energética del exterior. Las 65.000 familias fotovoltaicas españolas han transformado lo que era un horizonte desolador en un presente energético de ilusión y esperanza, que alumbra un escenario sostenible y competitivo.