¿Qué balance hacen del funcionamiento del Sistema CAE en su comunidad autónoma desde su puesta en marcha?

El balance es muy positivo. En apenas tres años, el Sistema CAE se ha consolidado como una herramienta eficaz para movilizar inversiones en eficiencia energética y contabilizar ahorros de forma verificable. En Castilla y León, a septiembre de 2026, se habían registrado unas 38.500 actuaciones, más de la mitad de las existentes en España. Destaca especialmente el sector residencial, impulsado por actuaciones de aislamiento en viviendas unifamiliares, favorecidas por las características climáticas y territoriales de nuestra comunidad. Al mismo tiempo, la industria está aportando grandes volúmenes de ahorro con un número reducido de proyectos. Además de generar ahorros energéticos, el sistema permite conocer dónde se producen, evaluar su impacto real y orientar mejor las políticas públicas de eficiencia energética.

¿Qué cambios de la modificación del Real Decreto 36/2023 presentado recientemente considera más relevantes para mejorar el sistema?

La modificación todavía no está aprobada definitivamente, pero creemos que es una buena oportunidad para adaptar el sistema a su fuerte crecimiento. Desde Castilla y León hemos defendido tres cuestiones prioritarias. La primera es revisar determinados plazos administrativos para adecuarlos al volumen actual de expedientes, garantizando una gestión rigurosa y eficiente. La segunda es reforzar la financiación de los gestores autonómicos con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ya que el incremento de actividad y de controles exige más medios humanos y técnicos. La tercera es facilitar la incorporación de los ahorros generados por la contratación pública, aprovechando el importante potencial que tienen las inversiones públicas en rehabilitación energética, instalaciones y equipamientos para contribuir al sistema.

¿Qué medidas son necesarias para lograr una mayor homogeneidad de criterios entre las distintas comunidades autónomas?

La clave está en reforzar la coordinación institucional. Consideramos que la Comisión de Coordinación del Sistema CAE debe asumir un papel más activo en la identificación de problemas interpretativos y en la elaboración de criterios comunes que faciliten una aplicación uniforme de la normativa, tal y como hemos propuesto desde Castilla y León. También es importante que los gestores autonómicos participen de forma efectiva tanto en la elaboración de dichos criterios como en la evolución de la plataforma informática, incorporando la experiencia acumulada en la gestión diaria de expedientes. La homogeneidad no se consigue únicamente mediante nuevas normas, sino mediante coordinación, participación y transparencia entre todas las administraciones implicadas. Ese trabajo conjunto es esencial para garantizar seguridad jurídica y confianza en el sistema.

¿Cómo valora el nuevo mecanismo de subastas de ahorro energético presentado por el MITECO?

Lo valoramos positivamente como una herramienta complementaria al mercado CAE. El sistema está demostrando una gran capacidad para movilizar inversiones y generar ahorros, pero también ofrece información muy valiosa sobre los sectores donde existe un mayor potencial de mejora. Las subastas pueden ayudar a orientar recursos hacia ámbitos donde el mercado no esté llegando con la misma intensidad, favoreciendo una mayor diversificación de los ahorros energéticos y una participación más equilibrada de los distintos sectores. Además, pueden facilitar la incorporación de actuaciones promovidas por las administraciones públicas. Su éxito dependerá de que el diseño final sea sencillo, transparente y compatible con el funcionamiento del mercado CAE, evitando duplicidades o cargas administrativas innecesarias.

¿Qué perspectivas tienen para el desarrollo del Sistema CAE en los próximos años y cuáles son sus principales retos?

Las perspectivas son muy favorables. El sistema se está extendiendo a hogares, pymes, sector servicios y administraciones públicas, consolidándose como un instrumento estable de financiación de la eficiencia energética. Los principales retos son mantener el rigor técnico y la credibilidad del sistema mediante controles eficaces, reforzar la verificación de los ahorros y garantizar su trazabilidad. También será importante profesionalizar y ordenar el mercado, aumentando la transparencia sobre los agentes que operan en él y ofreciendo mayores garantías a los ciudadanos. Asimismo, será necesario dotar a las comunidades autónomas de recursos suficientes para gestionar el creciente volumen de expedientes y asegurar una aplicación homogénea en todo el territorio. El reto es crecer con seguridad, transparencia y calidad.