La norma amplía a 5 km el autoconsumo compartido, introduce la figura del gestor y activa incentivos fiscales de hasta el 20% para instalaciones en 2026.
La Alianza por el Autoconsumo ha solicitado a los grupos parlamentarios la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026, incluido en el paquete de medidas para mitigar el impacto de la crisis energética, al considerar que refuerza el despliegue del autoconsumo fotovoltaico y la electrificación en España.
La normativa introduce modificaciones regulatorias relevantes en el ámbito del autoconsumo colectivo. Entre ellas, destaca la ampliación hasta 5 kilómetros del radio máximo para compartir energía en instalaciones de hasta 5 MW, lo que incrementa el potencial de desarrollo de comunidades energéticas y proyectos compartidos. Asimismo, se establece la reserva del 10% de capacidad en nudos de acceso para instalaciones de autoconsumo, con el objetivo de facilitar su conexión a red.
Uno de los elementos centrales de la reforma es la creación de la figura del gestor del autoconsumo, un agente que podrá representar a los consumidores asociados —tanto individuales como colectivos— y encargarse de la tramitación administrativa, la interlocución con distribuidores y la defensa de sus derechos. Esta figura busca reducir barreras administrativas y acelerar la implantación de instalaciones.
En el ámbito de protección al consumidor, el Real Decreto-ley contempla la puesta en marcha de un servicio específico de atención a titulares de autoconsumo, que permitirá gestionar reclamaciones, incidencias y consultas relacionadas con expedientes de acceso y conexión. Este mecanismo incluye un canal telefónico gratuito y pretende mejorar la transparencia en la gestión de las solicitudes.
Desde el punto de vista económico, la norma incorpora incentivos fiscales para fomentar la electrificación y el autoconsumo. En particular, se prevén deducciones en el IRPF de entre el 10% y el 20% para instalaciones ejecutadas durante 2026, así como beneficios en el impuesto de sociedades vinculados a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios.
El texto también modifica la Ley de Bases de Régimen Local para facilitar la participación de entidades municipales en comunidades energéticas, y fija un plazo de tres meses para la aprobación de un desarrollo reglamentario específico para estas figuras.
La Alianza considera que estas medidas refuerzan los derechos de los consumidores y mejoran el marco económico del autoconsumo, en un contexto de elevada volatilidad de precios energéticos y presión sobre los costes energéticos. En este sentido, solicita consenso parlamentario para la convalidación del Real Decreto-ley como instrumento para acelerar la transición hacia un sistema energético más electrificado y descentralizado.