Anpier lucha contra el trato desigual a 62,000 familias pioneras en energía fotovoltaica en España. Demandas internacionales y embargos amenazan al país. El Presidente del Gobierno es instado a intervenir.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha reclamado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, equidad de trato para las 62.000 familias españolas pioneras en el desarrollo fotovoltaico, que contemplan semana tras semana el anuncio de embargos de activos del Estado o nuevos laudos del CIADI, órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, en los que, por los mismos cambios retroactivos que sufren las familias españolas, se obliga a España a indemnizar a los inversores extranjeros demandantes.
La última información que han tenido que asumir las 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España es que la Justicia de Países Bajos ha admitido el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, por el impago por parte de España de la compensación decretada por un tribunal de arbitraje a un fondo de inversión afectado por la retirada de las primas a las renovables.
Hasta la fecha, son ya 28 las resoluciones conocidas, de las más de 40 demandas acumuladas. España no solo modificó el marco normativo que atrajo a inversores nacionales y extranjeros, sino que tampoco ha procedido a acatar los laudos emitidos por el CIADI, lo que ha motivado que la justicia de Estados de varios continentes haya tenido que reclamar el cumplimiento de dichas indemnizaciones. Así ha ocurrido ya en Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido. Estas sentencias abren la puerta a embargos cautelares o definitivos de bienes del Estado si España no hace frente a las indemnizaciones impuestas. Junto con Rusia y Venezuela, nuestro país figura entre los Estados con mayores incumplimientos de laudos internacionales relacionados con la Carta de la Energía.
Por cuatro votos a favor y tres votos en contra, nuestro Tribunal Supremo validó los drásticos recortes retroactivos que se impusieron a los inversores en energías renovables en España a través del Real Decreto 413/2014, que introdujo ajustes de hasta el 50% de las retribuciones que venían garantizadas en un Boletín Oficial del Estado. En aquellos años se sostenía que dichas inversiones habían supuesto un incremento notable del precio de la energía eléctrica y que contribuían de forma decisiva al déficit de tarifa del sector eléctrico. Ambas afirmaciones eran inciertas y contribuyeron a generar un clima de opinión favorable a justificar un ajuste que perjudicó gravemente las inversiones de decenas de miles de familias, que no hicieron otra cosa que atender un llamamiento del Estado para combatir el cambio climático por medio de unas inversiones éticas y, supuestamente, garantizadas.
Anpier considera que no es aceptable que un Estado otorgue un trato desigual a sus familias nacionales mientras indemniza a los fondos internacionales. No es comprensible que un Gobierno pida ayuda para descarbonizar el país a sus ciudadanos y, una vez realizadas sus inversiones, altere de forma sustancial el esquema retributivo que ofreció. Tampoco es razonable que se difundiera información incierta sobre el impacto en los precios de nuestras instalaciones, mientras apenas se reconoce que hoy contamos con energía a precios cero gracias, en parte, a aquellos desarrollos.
