ASDAE urge a clarificar criterios técnicos y mantener plazos de tramitación en la reforma del sistema CAE, destacando la necesidad de garantías para agregadores y límites para los Sujetos Obligados.
La Asociación de Sujetos Delegados para el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (ASDAE) ha presentado sus alegaciones a la modificación del Real Decreto 36/2023 con una petición central: que aspectos esenciales del sistema no queden sujetos a interpretaciones dispares. La asociación propone mantener los plazos de tramitación de los CAE, fijar plazos para su transmisión y aclarar cómo y desde cuándo se aplicarán los nuevos criterios técnicos.
“Existe un riesgo real de que una regulación demasiado abierta o rígida frene el desarrollo del sistema CAE. Necesitamos reglas claras y, al mismo tiempo, flexibilidad para que los proyectos de ahorro energético puedan avanzar en todos los sectores de la economía”, señala Elena González, presidenta de ASDAE.
Una de las principales alegaciones se refiere a la nueva figura del agregador de ahorros. ASDAE pide que estos agentes acrediten capacidad técnica, organizativa y económica antes de adquirir y transmitir la titularidad de ahorros energéticos. Considera que no sería coherente reforzar los requisitos de solvencia de los Sujetos Delegados sin exigir garantías mínimas a los agregadores, como personal con experiencia, un seguro de responsabilidad civil y procedimientos para evitar la doble cesión de ahorros.
En cuanto a la tramitación, ASDAE pide mantener los plazos actuales para validar y emitir los CAE: 20 días hábiles desde la solicitud hasta su inscripción en el Registro Nacional para las actuaciones estandarizadas y 35 para las singulares. También reclama establecer plazos máximos para inscribir las transmisiones de certificados, un trámite para el que el proyecto no fija un límite equivalente.
ASDAE propone además que, cuando opere el silencio administrativo positivo, los códigos CAE se emitan automáticamente a través de la plataforma en un máximo de dos días hábiles. Sin esos códigos, la asociación advierte, no es posible transmitir los certificados ni completar la liquidación.
Criterios técnicos y acceso a las subastas
La asociación pide que los criterios interpretativos del sistema CAE se publiquen oficialmente, indiquen cuándo entran en vigor y no se apliquen a actuaciones con contratos de cesión de ahorros ya firmados. Propone además crear una comisión técnica dirigida por el Coordinador Nacional del sistema CAE para resolver discrepancias entre los agentes del sistema, una medida que ya planteó en su Decálogo de prioridades que presentó en enero.
En cuanto a las subastas de ahorro energético, ASDAE defiende que la participación directa se reserve a los Sujetos Delegados acreditados. La asociación sostiene que así todos los participantes deberán haber demostrado previamente su capacidad técnica y organizativa ante la Administración. Los Sujetos Obligados que quieran concurrir directamente podrían obtener también esa acreditación y participar con los mismos requisitos.
ASDAE propone además elevar a 5 GWh el volumen máximo de ahorros que los Sujetos Obligados pueden gestionar directamente mediante expedientes CAE. La asociación considera que, por encima de ese límite, la complejidad técnica y documental de las actuaciones requiere la acreditación como Sujeto Delegado.
ASDAE solicita también que se retire del proyecto la exigencia de demostrar la «adicionalidad» del ahorro energético, al considerar que no se precisan los criterios ni la documentación necesarios para acreditarla. Si se mantiene, pide que las actuaciones que cumplan los requisitos de una ficha del catálogo se presuman adicionales, para evitar interpretaciones distintas sobre un mismo tipo de proyecto.
Por último, ASDAE pide que los errores subsanables o las discrepancias documentales detectadas en un expediente puedan corregirse con la intervención de la misma entidad verificadora. Repetir toda la verificación con otra entidad debería exigirse únicamente cuando se acrediten incumplimientos graves o reiterados que comprometan la fiabilidad del dictamen.