La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), liderada por Joan Hinojo; la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), presidida por Daniel Pérez; y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), con Ángel García a la cabeza, han presentado a los grupos políticos una propuesta conjunta de país con doce compromisos para impulsar la movilidad eléctrica hasta 2030. Entre las propuestas, la infraestructura de recarga: que la red eléctrica, los permisos y el incumplimiento de la normativa vigente dejen de frenar su despliegue.
El transporte representa el 40% de la demanda energética nacional, genera casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y depende en un 92% de los combustibles fósiles, lo que obliga a importar más del 70% de la energía consumida. Al mismo tiempo, España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y la automoción aporta el 10% del PIB y el 9% del empleo. Retrasar la electrificación supondría perder inversión industrial, empleo y la confianza del capital privado.
La primera petición del sector es acabar con la incertidumbre en la conexión a red. Las tres entidades reclaman mapas digitales de capacidad eléctrica transparentes y actualizados; plazos máximos y verificables para que las distribuidoras respondan y ejecuten las acometidas, con informes trimestrales y denegaciones motivadas que ofrezcan alternativas viables; e integrar la movilidad eléctrica en la planificación de las redes, anticipando refuerzos allí donde la demanda futura esté acreditada. También piden garantizar potencia suficiente en los emplazamientos donde la Ley 7/2021 obliga a instalar recarga.
En paralelo, proponen agilizar la tramitación con una declaración responsable homogénea en todo el país, una ventanilla única digital con acceso al catastro, silencio administrativo positivo y energización provisional mientras se completa el expediente, para que ninguna estación quede construida, pero sin suministro. Y piden que en los primeros cien días de gobierno se apruebe un plan nacional de cumplimiento y supervisión de las obligaciones ya vigentes, incluido el reglamento europeo AFIR.
Daniel Pérez, presidente de AORU y CEO de Zunder, subraya: “Los próximos cuatro años serán de vital importancia en el impulso de la movilidad eléctrica, con retos importantes como el despliegue de las infraestructuras o el aumento del parque 100% eléctrico. Por estos motivos, el Gobierno que salga de las urnas debe considerar a este sector como de alto valor estratégico, consolidando las medidas que han funcionado y abordando las asignaturas que aún quedan pendientes. Y para ello, puede contar con nosotros”.
Una red de recarga accesible para todos los usuarios
El documento remitido a los grupos políticos recoge el compromiso de garantizar al usuario transparencia tarifaria conforme a AFIR, facturas que desglosen energía, aparcamiento y penalizaciones por ocupación, interoperabilidad y datos abiertos, y propone fijar una disponibilidad mínima anual del 98% por punto de recarga, que excluya causas ajenas al operador como los retrasos de la distribuidora, el robo de cableado o el vandalismo.
El documento plantea además que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un cargador rápido, un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para hogares, comunidades, empresas y vía pública, y una red de alta potencia en corredores logísticos, depósitos y aparcamientos para el transporte pesado.
Por su parte, Joan Hinojo, presidente de AEDIVE, señala: “La electrificación del transporte representa una oportunidad para modernizar la movilidad, reforzar la competitividad industrial, reducir la dependencia energética y avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente y sostenible. Sin embargo, su desarrollo exige abordar de manera conjunta la adopción del vehículo eléctrico y la disponibilidad de una infraestructura de recarga accesible, fiable y económicamente viable. Por ello, proponemos al futuro gobierno de España unos compromisos estratégicos que ayuden a hacer del nuestro un país más resiliente y competitivo en Europa”.
Demanda, fiscalidad y seguimiento hasta 2030
Para activar la demanda, las asociaciones piden ayudas a la compra sin anticipos, con descuento directo en el punto de venta cuando sea jurídicamente viable; continuidad y simplificación de las deducciones fiscales, una revisión de la fiscalidad del vehículo de empresa y compra pública basada en el coste total de propiedad. Completan la propuesta una mesa interministerial permanente con participación de AEDIVE, AORU y AUVE, y un cuadro de mando trimestral oficial que mida, entre otros indicadores, los puntos de recarga realmente operativos y los tiempos medios de conexión a red.
Para Ángel García, presidente de AUVE: “Quien se plantea dar el salto al eléctrico necesita respuestas sencillas: cuánto le va a costar, dónde podrá cargar si no tiene garaje y si el cargador funcionará cuando llegue. Necesitamos ayudas que no obliguen a adelantar el dinero, precios claros y una recarga fiable, también fuera de las grandes ciudades. Estos doce compromisos deben servir para que el cambio sea una opción real para más personas, no solo para quienes lo tienen fácil”.
Las tres principales asociaciones del sector subrayan que incorporar estos compromisos a las políticas públicas garantizará la estabilidad regulatoria, protegerá las inversiones realizadas y consolidará la transición de España hacia una economía descarbonizada, reindustrializada y líder en movilidad sostenible.