Desde 2026, el nuevo mecanismo europeo que impone un coste al carbono en importaciones impacta directamente en compras, márgenes y competitividad. España lidera en declaraciones, mientras las empresas adaptan sistemas para anticipar riesgos.
Durante años, conocer las emisiones de carbono de una empresa parecía una cuestión reservada al departamento de sostenibilidad y a la elaboración de informes. En 2026, esa información ha empezado a tener una traducción mucho más directa: costes de aprovisionamiento, márgenes y competitividad.
Desde el 1 de enero, la Unión Europea aplica el régimen definitivo del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que incorpora un precio al carbono contenido en determinadas mercancías importadas. El mecanismo afecta actualmente a productos de sectores intensivos en emisiones como hierro y acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
Los importadores sujetos al sistema deben declarar las emisiones incorporadas en los bienes y entregar los certificados correspondientes. El precio de esos certificados está vinculado al mercado europeo de derechos de emisión. Según la información oficial publicada por la Comisión Europea, el precio medio fue de 75,36 euros por tonelada de CO₂ en el primer trimestre de 2026 y de 75,28 euros en el segundo.
"Durante años medir las emisiones parecía una cuestión de sostenibilidad. Ahora empieza a ser información económica. Cuando una tonelada de CO₂ tiene un precio, conocer las emisiones asociadas a lo que compras deja de ser únicamente una cuestión ambiental y pasa a influir en costes, proveedores y márgenes”, señala Rut Ballesteros, experta en sostenibilidad y estrategia ESG y autora de Sostenibilidad sin maquillaje.
Del proveedor a la cuenta de resultados
El CBAM es uno de los ejemplos más visibles de un cambio de fondo: los datos ambientales empiezan a entrar en decisiones que hasta ahora parecían exclusivamente financieras u operativas. Compras necesita saber qué información pedir a sus proveedores; Finanzas debe anticipar posibles impactos en costes; Operaciones necesita comprender cómo la energía, las materias primas o las emisiones afectan a la actividad.
La propia normativa obliga a disponer de información sobre las emisiones incorporadas. Cuando se utilizan valores reales, los productores de terceros países deben facilitar datos de emisiones que puedan ser verificados. En agosto, la Comisión publicó diez nuevas guías para apoyar la aplicación del CBAM, con orientaciones para operadores de fuera de la UE, declarantes autorizados y verificadores.
"El problema aparece cuando una compañía descubre que necesita un dato que nunca ha pedido a sus proveedores. Si la información ambiental empieza a determinar costes o condiciones de acceso al mercado, no puede recopilarse a última hora. Hay que incorporarla a los procesos de compra y de gestión de riesgos”, apunta Ballesteros.
El verdadero desafío para las empresas ya no es únicamente conocer la legislación en materia de sostenibilidad, sino contar con sistemas que les permitan obtener datos fiables, trazables y de calidad, con la antelación suficiente para cumplir con las obligaciones normativas y demostrar sus avances con resultados verificables
España, entre los países con mayor volumen inicial de declaraciones
La dimensión empresarial del mecanismo también se observa en los primeros datos disponibles. En un balance preliminar publicado por la Comisión Europea, España figuró entre los Estados miembros con mayor volumen inicial de declaraciones, junto con Bélgica, Rumanía, Países Bajos, Francia y Alemania. El hierro y el acero concentraron el 98 % del volumen cubierto en esa primera fotografía del sistema.
El próximo 15 de octubre, la Comisión Europea celebrará un diálogo de implementación sobre el CBAM con representantes de la industria, la energía, los verificadores y otros agentes. La reunión analizará, entre otros asuntos, la gestión administrativa y el cumplimiento durante los primeros meses del régimen definitivo.
Anticiparse en lugar de cumplir a última hora
Para Ballesteros, el reto para las empresas no consiste únicamente en conocer qué regulación les afecta hoy. También implica identificar qué información necesitarán para decidir en los próximos años, quién la genera, cómo se verifica y qué departamentos deben utilizarla.
“La sostenibilidad deja de ser estratégica cuando solo sirve para explicar lo que la empresa ha hecho. Es estratégica cuando ayuda a decidir qué comprar, a quién comprar, cuánto invertir o qué riesgos asumir. El carbono es un buen ejemplo: ya no hablamos únicamente de impacto ambiental, hablamos de información que puede terminar afectando a la cuenta de resultados”.
