La Alianza por la Competitividad de la Industria Española propone cinco medidas estructurales para reducir el coste de la electricidad industrial hasta un 30%. Se advierte del riesgo de deslocalización y se destaca la importancia de la estabilidad normativa.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado en la sede de la CEOE el informe “Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española”, un documento que plantea cinco medidas estructurales destinadas a reducir el coste de la electricidad en el sector industrial, mejorar su competitividad internacional y evitar procesos de deslocalización.
El estudio, elaborado por EY Consulting, parte de un diagnóstico preocupante: las tarifas eléctricas industriales en España —sin impuestos— han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019. Según el informe, la incorporación de la fiscalidad agrava la desventaja frente a países como Francia y Alemania, lo que está erosionando la competitividad del tejido productivo español.
Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY Consulting, ha subrayado que, aunque España cuenta con una ventaja potencial gracias a su elevada capacidad de generación renovable, es necesario “reducir de forma estructural los cargos e impuestos para impulsar la inversión, el empleo y la actividad económica”.
La Alianza estima que la aplicación conjunta de las medidas propuestas podría reducir el precio final de la electricidad industrial entre un 10% y un 30%, acercando a España a los niveles de sus principales competidores europeos.
Su portavoz, Carlos Reinoso, ha defendido que “la energía asequible no es una cuestión coyuntural, sino un elemento central de la política industrial”, y ha advertido de que sin precios eléctricos competitivos “no es posible una reindustrialización real”.
El plan propone un paquete de reformas con impacto directo en la factura eléctrica de la industria:
Según el informe, solo la compensación por CO₂ requeriría alrededor de 1.000 millones de euros para alcanzar niveles comparables a los de Francia y Alemania.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado positivamente algunas medidas recientes, como las incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aunque ha insistido en que las actuaciones temporales “no son suficientes” y que las reformas deben consolidarse de forma estructural.
“La estabilidad regulatoria es clave para invertir. Las soluciones puntuales ya no bastan”, ha añadido Reinoso.
La Alianza advierte de que el diferencial de costes eléctricos no solo afecta a la competitividad, sino también al empleo industrial, al incrementar el riesgo de deslocalización hacia países con energía más barata y marcos regulatorios más estables.
En conjunto, la organización —que representa alrededor del 60% del Producto Industrial Bruto español— sostiene que garantizar una electricidad asequible es esencial para preservar el empleo, sostener las cadenas de valor y consolidar un modelo industrial basado en innovación y descarbonización.
Entre sus miembros se encuentran asociaciones sectoriales como ANFAC (automoción), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia).
La Alianza concluye que España tiene una oportunidad estratégica para convertirse en un polo de atracción industrial en Europa, pero advierte de que solo será posible si la ventaja renovable del país se traduce en precios eléctricos realmente competitivos para la industria.
