La Asociación Española de Almacenamiento de Energía (ASEALEN) presentó el pasado viernes en el auditorio de Garrigues las conclusiones del estudio técnico económico de 2 tecnologías de almacenamiento.

El estudio, realizado por G-Advisory (Grupo Garrigues) y Simulyde, se ha centrado en analizar la rentabilidad esperada de las dos tecnologías de almacenamiento de energía más maduras, con una configuración de conexión directa a la red: baterías de litio (BESS) y bombeo hidroeléctrico (PSH).

El acto ha comenzado con la intervención de Miriam Bueno, subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía del MITERD, quien ha destacado la relevancia del almacenamiento energético en el marco de la transición ecológica y los avances conseguidos en las medidas de Estrategia de Almacenamiento Energético. En este sentido, Bueno ha insistido en la apuesta decidida del Gobierno de España por el almacenamiento energético, recogida en el PERTE ERHA, y con 2 importantes convocatorias de ayudas en marcha.

Entre las conclusiones principales del estudio sobresale la necesidad de un instrumento de apoyo económico a las instalaciones de almacenamiento para alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El estudio recoge también como estas instalaciones garantizan la estabilidad del sistema eléctrico español y como hacen posible la integración en el mismo de las energías renovables que, en sus modalidades más extendidas, eólica y solar fotovoltaica, presentan la limitación de una producción no gestionable, puesto que ambas dependen de factores no controlables, como son el viento y la radiación solar, respectivamente.

Pese a todo esto, los autores del estudio concluyen que los sistemas de almacenamiento no son rentables en el marco regulatorio actual en España, donde los ingresos están limitados al arbitraje de mercados y a la prestación de determinados servicios de ajuste. Estos expertos han explicado que la incorporación de modificaciones en el sistema regulatorio, tales como la remuneración adecuada de la totalidad de los servicios (servicios de ajuste adicionales) que presta el almacenamiento y la definición de remuneración a largo plazo, por el valor estratégico que supone tener la capacidad de responder ante las necesidades del sistema (mecanismo de capacidad) podrían asegurar el desarrollo de los proyectos necesarios. La ingresos adicionales necesarios para estos proyectos se estima en entre un 30% y un 60% de los ingresos que serían capaces de obtener en las condiciones recogidas en el PNIEC.

En la jornada también se ha puesto de manifiesto la necesidad de simplificar y clarificar la tramitación administrativa de estos proyectos, tal y como se ha llevado a cabo con los proyectos de generación renovable. Especial hincapié se ha hecho en la dificultad de obtener la concesión de agua para los bombeos hidroeléctricos, con avances lentos en su tramitación y la aplicación de criterios no homogéneos por parte de las Confederaciones Hidrográfica. También se ha discutido sobre la falta de capacidad de acceso a red disponible para los proyectos de almacenamiento, teniendo que competir con los proyectos de generación, suponiendo en múltiples casos una paralización de facto de la tramitación ambiental y administrativa de los proyectos por no disponer de ese acceso.