El estudio, elaborado por el Institut Cerdà, pide planificación territorial, coordinación administrativa y diálogo temprano con el entorno para reducir conflictos, retrasos y judicialización.
Fundación Naturgy ha presentado el informe “Energías renovables: desarrollo e integración social y territorial”, elaborado por Institut Cerdà, que analiza los retos y oportunidades del despliegue de infraestructuras renovables en España desde una perspectiva social, territorial y de política pública. El documento revisa el contexto climático y energético, el proceso de implantación de proyectos y su relación con el territorio, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas.
El estudio enmarca el despliegue renovable —con especial protagonismo de la solar fotovoltaica, la eólica y los gases renovables como el biometano— como palanca para reducir emisiones, reforzar la seguridad de suministro y cumplir compromisos climáticos con la Unión Europea. En paralelo, advierte de que los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima exigen un despliegue masivo de infraestructuras acompañado de redes, almacenamiento y soluciones que aseguren la estabilidad del sistema.
El informe subraya que este crecimiento impacta directamente sobre el territorio y las comunidades locales —especialmente en el ámbito rural, donde se concentran la mayoría de instalaciones— y plantea un balance de efectos: por un lado, beneficios económicos, sociales y ambientales (empleo, desarrollo local, autonomía energética); por otro, retos vinculados al uso del suelo, paisaje, biodiversidad y convivencia con actividades tradicionales.
En este contexto, identifica la aceptación social y la integración territorial como determinantes para el éxito de los proyectos y reclama procesos continuos basados en diálogo temprano, transparencia, escucha activa y generación de beneficios tangibles en el entorno. El documento señala que una gestión insuficiente del componente social puede derivar en conflictos, retrasos administrativos y judicialización de proyectos estratégicos.
Durante la presentación, Marta Bellera, directora del Área de Gestión de Riesgos del Institut Cerdà, indicó que el despliegue acelerado “está transformando profundamente el territorio y las dinámicas socioeconómicas locales” y que la clave reside en “cómo se planifican, cómo se comunican y cómo se distribuyen sus beneficios”, además de dónde se implantan. También advirtió de que la complejidad administrativa, la judicialización y la falta de aceptación social pueden ralentizar el ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos.
El coloquio posterior reunió a representantes institucionales, empresariales, del análisis territorial y del ámbito municipal. Francés Boya, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, defendió que el desarrollo renovable debe partir del conocimiento de cada territorio y de las expectativas de su población. Por parte de Naturgy, Jorge Barredo subrayó la necesidad de optimizar el uso del suelo y garantizar restauración del entorno al final de vida útil, en un marco de declaraciones de impacto ambiental cada vez más exigentes.
Desde la perspectiva territorial, Lluís Inglada, director del Área de Gestión e Innovación del Territorio del Institut Cerdà, señaló la conveniencia de que el territorio sea un actor activo en los proyectos y de que la respuesta se base en criterios estratégicos, destacando el papel de los decisores públicos para equilibrar intereses y evitar paralizaciones. En clave municipal, José Díaz Ibáñez, alcalde de Tabernas, incidió en reforzar información y comunicación, el compromiso con empleo local y la restauración de terrenos para mejorar la aceptación. La apertura de la jornada corrió a cargo de Rafael Villaseca, quien remarcó la necesidad de abordar la transición energética también desde la dimensión territorial y social para reforzar la confianza en los proyectos.