El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado ya la autorización ambiental concedida a la planta fotovoltaica proyectada por Atitlan entre los términos municipales de Villena y Salinas, con algunas condiciones que se dan por cumplidas desde la sociedad “dado el rigor del análisis socioambiental llevado a cabo durante estos más de cuatro años de desarrollo”.

Se trata del proyecto fotovoltaico “Argos de 88,8MWp”, desarrollado conjuntamente por Atitlan Helios, Awergy y Aurea Capital Partners, que ha obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, convirtiéndose así en la primera instalación que obtiene dicha autorización en la Comunidad Valenciana desde la publicación del RD Ley 23/2020. La planta se ha venido tramitando ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y una vez construida generará anualmente 185 GWh al año, equivalente al consumo energético anual medio de más de 45.000 hogares españoles. 

La Sociedad prevé que dicha instalación evite la emisión a la atmósfera de 65.000 toneladas de CO2 y suponga una inversión cercana a los 40 millones de euros.

La energía generada en la planta evacuará en la subestación eléctrica de Sax (Alicante), propiedad de Red Eléctrica de España, ubicándose a escasos metros de la misma, anulando así el impacto medioambiental de las infraestructuras necesarias para la conexión y eliminando la necesidad de gestionar servidumbres de paso y/o expropiaciones habitualmente necesarias para estas insfraestructuras.

Además, la estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos de la planta irá directamente hincada en el propio terreno dada la favorable orografía de la zona para este tipo de instalaciones, de manera que el uso de hormigón y el movimiento de tierras serán prácticamente nulos, lo cual, junto a la colocación de vallas cinegéticas, garantiza la colonización de la totalidad del terreno por vegetación y fauna silvestre sin apenas impacto sobre la misma.

La sociedad prevé que para la construcción de la planta se dé empleo a más de 400 personas entre puestos directos e indirectos, para lo cual se fomentará el empleo local con el apoyo de los respectivos ayuntamientos.

Una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental, el siguiente paso será la obtención de la Autorización Administrativa de Construcción que emite el propio Ministerio, lo cual podría estar listo en el plazo de tres o cuatro meses. En paralelo se están llevando a cabo conversaciones con los Ayuntamientos implicados, los cuales han emitido su visto bueno preliminarmente, tanto para gestionar la emisión de la licencia urbanística que permitiría iniciar las obras durante el primer trimestre de 2023 como para estudiar distintas medidas socioeconómicas que generen un impacto positivo en el territorio y su población.