Ante la Proposición de Ley de Gravamen a las empresas energéticas, presentada en el día de ayer (28/07), que entraría en vigor durante 2023 y 2024 y pretende recaudar 2.000 millones de euros al año de los ingresos netos en 2022 y 2023, la posición del sector eólico es la siguiente:

Para AEE es imprescindible mantener los principios de una regulación energética adecuada, que debe estar justificada de forma objetiva, sin arbitrariedades tanto en la elección de los actores afectados, como en los criterios para la selección de los mismos. En ningún caso, la nueva regulación debe mermar la confianza a futuro de los inversores ni penalizar los vectores de cambio energético -como la viabilidad económica de las energías renovables-, que son justamente los mejores instrumentos para solucionar la coyuntura económica y energética actual, tanto en términos de inflación, como de seguridad energética y de competitividad para nuestra economía.

Adicionalmente, AEE señala dudas sobre si la medida propuesta facilitará efectivamente la bajada del precio de la energía para los consumidores, o si podría incluso generar efectos contrarios por el propio funcionamiento del mercado.

Desde AEE se identifican los siguientes riesgos inherentes a la propuesta que habría que evitar:

• La medida puede modificar los planes de inversión y despliegue de nuevas renovables mientras dure la aplicación temporal de la misma, dilatando aún más el ritmo de despliegue eólico que necesitamos en España y, por tanto, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del PNIEC.
• La medida podría poner en riesgo la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables con Régimen Económico Regulado.
• La medida puede implicar una paralización temporal de ciertos encargos a la industria, justamente en unos momentos complejos para la situación financiera de nuestros fabricantes en España y Europa.
• La medida podría conllevar la revisión de contratos PPAs formalizados en estos años por los actores que se van a ver afectados.

Este tipo de medidas no ayuda al avance sostenido del sector renovable en España, condicionando las inversiones futuras y creando incertidumbre sobre la estabilidad regulatoria. El sector eólico considera que hay que ser muy cautos y cuidadosos con las señales que se envían al mercado y que pueden poner en riesgo las inversiones o el avance necesario de las renovables en España.

En el contexto actual de emergencia energética y climática, es preciso recordar que cada aerogenerador que se instala en España supone:

• En ahorro de importaciones de gas:  4,2 millones de euros/año. Cumpliendo la senda establecida por el PNIEC (2,2 GW/año), el ahorro sería de 1.848 M€/año, adicionales por las nuevas máquinas.
• En ahorro económico y climático por las emisiones evitadas a la atmósfera: 435.000 €/año. Cumpliendo la senda establecida por el PNIEC (2,2 GW/año), el ahorro económico sería de 191 M€/año, adicionales por las nuevas máquinas.

En total, cumpliendo el PNIEC, sumando ambos conceptos, la instalación de nueva potencia eólica en España supondría un ahorro anual de 2.039 millones de euros.

El ritmo de instalación de renovables no es el adecuado en España, teniendo en cuenta que, durante 2021, se instalaron 0,8 GW eólicos cuando el objetivo anual del PNIEC es 2,2 de GW. Estamos muy por debajo del ritmo necesario para cumplir con los objetivos españoles y estas medidas no ayudan a acelerar el ritmo de instalación.