Las asociaciones ACOGEN, COGEN España y ADAP denuncian que el Real Decreto 917/2025 vulnera el reglamento europeo al mantener la preferencia de vertido para instalaciones posteriores a 2019, lo que fuerza paradas industriales.
El conflicto por el hueco térmico y la gestión de la red ha escalado al ámbito judicial. Las principales asociaciones del sector —ACOGEN, COGEN España y ADAP— han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 917/2025. El motivo central de la demanda es la regulación de la "prioridad de despacho", un mecanismo que, según los demandantes, contraviene el Reglamento (UE) 2019/943 al otorgar preferencia de vertido a la red a instalaciones renovables puestas en servicio después del 4 de julio de 2019.
El sector industrial argumenta que la normativa europea es clara: la prioridad de despacho debe eliminarse para las nuevas plantas (posteriores a esa fecha) y mantenerse en igualdad de condiciones entre renovables y cogeneración para las instalaciones históricas. Sin embargo, la regulación española vigente sigue situando a las renovables en primer lugar, relegando a la cogeneración.
La discrepancia regulatoria afecta a un volumen masivo de potencia. Según los cálculos de las asociaciones, aproximadamente 50.000 MW de renovables —casi la mitad del parque actual— corresponden a instalaciones posteriores a 2019 que, bajo el criterio europeo, no deberían gozar de prioridad.
Esta situación, sumada a un mix donde la potencia renovable se ha duplicado hasta los 101.000 MW en 2025 frente a una demanda media de 29.000 MW, está provocando "distorsiones" operativas. Los cogeneradores denuncian que el operador del sistema está forzando paradas intermitentes en sus plantas cada vez más frecuentes durante episodios de alta generación renovable. Al tratarse de industrias calorintensivas (papeleras, químicas, cerámicas), estas interrupciones afectan directamente a los procesos productivos, comprometiendo la competitividad y la seguridad de las fábricas.
Javier Rodríguez, director general de ACOGEN, ha calificado la adecuación de la prioridad de despacho como un punto "imprescindible" para evitar nuevos desequilibrios. El sector recuerda que la cogeneración aporta energía síncrona y gestionable, necesaria para la estabilidad de la red, y denuncia que en los últimos cinco años se ha producido el cierre o parada de 250 instalaciones.
Las asociaciones también señalan la responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) por el retraso en la convocatoria de las subastas de cogeneración previstas por ley, lo que ha reducido la aportación de esta tecnología del 12% al 6% de la electricidad nacional en el último lustro.
