Las asociaciones alertan del riesgo estructural para la seguridad jurídica y la inversión eólica en la comunidad, y reclaman un marco regulatorio estable que permita avanzar en la transición energética.
El sector eólico español ha expresado su estupefacción ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Ruña III. Aunque la resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el alcance del fallo genera un riesgo significativo y estructural para la seguridad jurídica de los proyectos eólicos en la comunidad.
El sector reclama una interpretación jurídica clara y coherente de la normativa que permita a las empresas afrontar sus proyectos sin la actual incertidumbre regulatoria, evitando daños patrimoniales y el desorden jurídico que está frenando las inversiones. En palabras de los representantes del sector, Galicia se ha convertido en un territorio sin seguridad jurídica para la inversión eólica.
Tras tres años de litigios, la sentencia introduce un nuevo argumento inesperado: la obligatoriedad de tramitar conjuntamente el proyecto eólico y su línea de evacuación. Sin embargo, cuando el parque fue tramitado, la legislación gallega permitía gestionarlos por separado, y el proceso ambiental ya incluía los efectos sinérgicos con la línea de evacuación y con otros parques de la zona. En situaciones similares, el Tribunal Supremo ya ha avalado este tipo de tramitaciones.
El fallo del TSXG obliga ahora a retramitar un proyecto ya autorizado ambientalmente, pese a que la línea de evacuación ya está construida y operativa. Además, la sentencia reabre el debate sobre la proximidad del parque a la Red Natura, pese a que la distancia —más de 4,5 km— fue evaluada y validada por el órgano ambiental competente, que consideró que no existían riesgos no mitigables.
Según las estimaciones del sector, cada año de retraso en el desarrollo de los parques eólicos en Galicia supone la pérdida de 2.750 empleos y más de 6.300 millones de inversión, además de la deslocalización de industrias consumidoras de energía hacia otras comunidades. Si esta situación no se resuelve, advierten, Galicia corre el riesgo de perder oportunidades industriales y empleo de calidad, profundizando en el deterioro demográfico y económico de su medio rural.
Las asociaciones eólicas subrayan que su compromiso con Galicia sigue intacto, con el objetivo de seguir generando valor, empleo e innovación en los municipios donde operan. Sin embargo, apelan a la necesidad urgente de un marco regulatorio sólido y predecible, que permita avanzar con seguridad y garantice un despliegue ordenado y sostenible de la energía eólica, en equilibrio con la biodiversidad.
España mantiene su compromiso de acelerar el despliegue de energías renovables como pilar de competitividad industrial y reducción de emisiones. La energía eólica, primera tecnología del mix eléctrico nacional, representa un sector estratégico en Galicia, con miles de empleos directos e indirectos y una cadena de valor local sólida, esencial para asegurar precios energéticos competitivos para hogares y empresas.