Tan sólo el 18% de los ayuntamientos de España aplica bonificaciones fiscales para los ciudadanos y empresas que instalan puntos de recarga para vehículos eléctricos, según un informe elaborado por la Fundación Renovables y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).
El estudio analiza las ordenanzas fiscales de los principales impuestos municipales relacionados con esta actividad: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Los resultados reflejan un bajo nivel de implicación local en la promoción de la infraestructura de recarga, considerada esencial para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.
Junto al informe, las dos entidades han desarrollado una herramienta web interactiva que permite consultar las ayudas fiscales disponibles en los municipios de más de 10.000 habitantes, donde reside el 80% de la población española y se ubica más del 90% del tejido empresarial.
En cuanto al IBI, sólo el 7% de los ayuntamientos ofrece bonificaciones a quienes instalan puntos de recarga en sus viviendas o locales. Seis comunidades autónomas no cuentan con ningún municipio con incentivos activos, mientras que Cataluña lidera el ranking con 21 localidades que han incorporado reducciones fiscales en este impuesto.
Respecto al ICIO, un 25% de los municipios dispone de ordenanzas que contemplan bonificaciones para las obras vinculadas a la instalación de puntos de recarga. En este apartado, Cataluña vuelve a situarse a la cabeza, seguida de otras regiones con avances parciales, mientras que Navarra y La Rioja carecen de ayuntamientos con beneficios fiscales de este tipo.
En el caso del IAE, el porcentaje de consistorios que aplican bonificaciones es aún menor: apenas un 4%, con Cataluña nuevamente como la comunidad con mayor número de municipios activos, aunque solo nueve en total.
Para Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables, “la aparición de los primeros ayuntamientos que aplican bonificaciones fiscales para impulsar la instalación de puntos de recarga evidencia un compromiso pionero desde lo local y marca el camino para que más municipios se sumen a la transformación de la movilidad en sus territorios”.
Por su parte, Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, subraya que “los ayuntamientos tienen un papel crucial a la hora de facilitar la labor de las empresas privadas —los operadores de recarga— en ámbitos ligados a la burocracia administrativa y a la implementación de medidas fiscales que optimicen las inversiones”.
Tanto Fundación Renovables como AEDIVE coinciden en que las administraciones locales son un eslabón clave en la transición hacia una movilidad eléctrica efectiva, y reclaman una mayor homogeneidad en las políticas fiscales para favorecer el despliegue de infraestructura y el desarrollo del mercado de la recarga en todo el territorio nacional.