La biomasa amplía su papel en redes de calor, industria y edificación con datos de penetración, costes competitivos y capacidad gestionable en el mix energético.
Las tensiones geopolíticas de los últimos años son un recordatorio de que contar con fuentes de energía renovable locales es una verdadera necesidad estratégica. Los ciudadanos nos hemos familiarizado con términos como geopolítica, seguridad de suministro o tensión en los mercados energéticos porque sus efectos se reflejan casi en tiempo real en la gasolinera, en la factura del hogar y en los costes que soportan nuestras empresas e industrias.
El encarecimiento de los combustibles fósiles y la volatilidad de sus precios vuelven a poner de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Las energías renovables locales, y entre ellas la biomasa en sus usos térmicos y eléctricos, muestran con especial claridad el valor que pueden aportar a España.
La transición energética española no puede limitarse al despliegue de nueva potencia renovable eléctrica. También necesita soluciones capaces de generar calor de forma continua, con costes previsibles y a partir de recursos locales, tanto para la industria como para viviendas y edificios, sustituyendo con rapidez a los combustibles fósiles.
Entre esas soluciones destaca la biomasa. En España aporta ya en torno al 5% del consumo total de calor y alrededor del 65% del calor renovable, mientras que en generación eléctrica su contribución ronda el 1,5%. Su papel está lejos de ser marginal, especialmente en los usos térmicos, donde está demostrando que es una vía eficaz para descarbonizar el calor industrial y las calefacciones colectivas, al tiempo que refuerza la seguridad de suministro y genera actividad económica ligada al territorio.
La comparación con la situación en otros países europeos ayuda a situar mejor nuestros números. En España, las redes de calor con biomasa cerraron 2024 con 584 instalaciones, 549 MW de potencia y una demanda térmica cercana a 878 GWh al año. Dan servicio a más de 42.000 viviendas en bloque, 1.448 unifamiliares y más de 4.200 edificios, evitando unas 248.000 toneladas de CO₂ cada año. Pero seguimos lejos de la dimensión alcanzada en Europa, donde existen ya unas 19.000 redes de calor y frío que abastecen a 80 millones de ciudadanos y donde estas infraestructuras tienen un grado de desarrollo muy superior al español.
Aun así, con la red de calor de Valladolid demostramos que en España también hay proyectos de referencia. Bioenergy Europe la ha destacado entre sus “District Heating Champions” por su escala, al dar servicio a más de 10.200 viviendas y 67 edificios públicos, y por su capacidad para sustituir más de 400 calderas fósiles.
Que España siga por detrás de otros países europeos no responde a una limitación técnica de la biomasa, sino a obstáculos bien conocidos por el sector: un conocimiento todavía limitado de estas infraestructuras por parte de muchos usuarios, la falta de un marco legal específico que aporte seguridad jurídica, incentivos fiscales insuficientes y un respaldo institucional aún escaso para acelerar su despliegue.
Sin embargo, la experiencia acumulada en España demuestra que la tecnología funciona y ofrece resultados sólidos. Cerca del 80% de nuestras redes de calor y frío utilizan biomasa como fuente de energía y más de la mitad se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes. En esos entornos, las microrredes están demostrando que es posible reducir costes frente al gasóleo, movilizar recursos forestales locales y reforzar la economía rural. La biomasa no solo aporta calor renovable; también genera actividad y empleo en territorios donde la transición energética puede convertirse en una verdadera palanca de desarrollo.
En calefacción doméstica ocurre algo parecido. La biomasa cuenta ya con una base afianzada, aunque todavía claramente por debajo de su potencial. Solo referido a pellet, se estima que en España hay alrededor de 650.000 equipos de calefacción instalados (entre estufas y calderas) y que el consumo doméstico ronda las 850.000 toneladas anuales de este biocombustible sólido, cada vez más conocido.
Precisamente para acercar esta realidad al consumidor final, hemos puesto en marcha Biomasa en tu Casa, exposición itinerante que recorrerá 250 municipios hasta 2030 para acercar esta solución a los hogares y ayudar a que más ciudadanos conozcan de forma directa sus ventajas reales.
Tras la corrección de producción de años anteriores, marcados por dos inviernos suaves y por el exceso de stock acumulado desde la crisis energética de 2022, el sector ha recuperado pulso en 2025 y la producción nacional vuelve a situarse en torno a las 700.000 toneladas, más cerca del nivel habitual de consumo. En condiciones normales, España produce prácticamente lo que consume y mantiene flujos comerciales equilibrados con países próximos, especialmente Francia y Portugal.
Además, el país dispone de una estructura productiva amplia y descentralizada, con más de 60 fábricas de pellet y decenas de centros productores de astilla y hueso de aceituna. Esa red industrial reduce costes logísticos, aporta resiliencia frente a perturbaciones externas y se apoya en certificaciones como ENplus®, BIOmasud® y SURE, que garantizan calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
En precio, los biocombustibles sólidos siguen mostrando una ventaja competitiva clara. La astilla, el hueso de aceituna y el pellet mantienen costes más estables e inferiores a los del gas natural, el gasóleo o la electricidad para calefacción (incluso bombas de calor). Esa estabilidad tiene una importancia creciente en hogares, edificios públicos e industrias que necesitan previsibilidad para invertir y operar en un entorno todavía expuesto a sobresaltos internacionales.
La biomasa eléctrica merece también una atención más atenta. Su peso en el mix no compite en volumen con la eólica o la fotovoltaica, pero aporta algo especialmente valioso en un sistema con cada vez más generación variable: gestionabilidad. En cogeneración industrial, además, la biomasa presenta una lógica especialmente eficiente porque prioriza el aprovechamiento térmico y deja la electricidad como un subproducto útil para autoconsumo o venta. Su aportación como generación síncrona, capaz de reforzar la estabilidad del sistema, resulta cada vez más relevante.
Ese papel podría reforzarse si el marco regulatorio acompaña. AVEBIOM ha planteado mejoras concretas en la regulación de la cogeneración de alta eficiencia para facilitar la modernización de instalaciones, ajustar mejor la retribución asociada al calor útil y evitar rigideces que penalizan proyectos renovables con biomasa agrícola, forestal e industrial.
A esto se suma el avance del biometano, que amplía el alcance de la bioenergía en sectores donde la electrificación no siempre es la respuesta más eficiente. España cuenta ya con 24 plantas en operación y alrededor de 270 proyectos en construcción o tramitación. La inyección a red se ha duplicado en el último año y el sector se encuentra en una fase de crecimiento real, no solo de expectativa. Buena parte de ese impulso podrá verse también en septiembre, durante el 6º Salón del Gas Renovable y el 19º Congreso Internacional de Bioenergía, que organizamos en Feria de Valladolid.
Por otra parte, el marco normativo europeo y nacional está incorporando cambios que afectarán de forma directa a la actividad del sector. RED III ha reforzado en la UE los requisitos de sostenibilidad, trazabilidad y eficiencia aplicables a la bioenergía, lo que da aún más importancia a esquemas como SURE para acreditar su cumplimiento. En este sentido, el reconocimiento oficial del bajo riesgo de los montes españoles en la producción de biomasa forestal simplifica auditorías, reduce cargas administrativas y facilita el acceso a materia prima local.
A ello se suma el Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), cuyo calendario de aplicación arrancará a finales de 2026 y exigirá una mayor trazabilidad y control documental en cadenas como la de la madera y los pellets.
Desde 2027, además, la entrada en funcionamiento del ETS2 para edificios, transporte por carretera y pequeños sectores industriales tenderá a penalizar más el uso térmico de combustibles fósiles, mejorando la competitividad de las soluciones renovables. A medio plazo, la bioenergía podría dar incluso un paso más, no solo sustituyendo emisiones fósiles, sino aportando remociones certificables de carbono en el marco europeo recientemente aprobado para tecnologías como BECCS y el biochar.
En España, por su parte, el Real Decreto-ley 7/2026 abre la puerta a objetivos anuales de penetración de biometano fuera del transporte y a un sello de excelencia social, territorial y ambiental para ordenar mejor su despliegue.
En definitiva, como venimos defendiendo y demostrando desde hace años, España tiene recurso, industria, conocimiento técnico y experiencia para dar a la biomasa un papel más ambicioso en calor renovable, electricidad gestionable y gases renovables. Lo que hace falta es un marco estable y una política energética que entienda que la transición no consiste en apostar todo a una sola vía, sino en integrar con inteligencia las tecnologías que ya están disponibles.
Después de años de tensiones geopolíticas y sobresaltos energéticos, España haría bien en aprovechar mejor sus recursos bioenergéticos; no es solo una apuesta renovable, sino una decisión estratégica.
