Con una evolución meteórica desde su lanzamiento, el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) se ha convertido en una herramienta imprescindible para alcanzar los objetivos de eficiencia energética en España. En 2025, su consolidación ha traído consigo datos históricos, impactos tangibles y retos por afrontar.
Hace apenas tres años, los Certificados de Ahorro Energético eran poco conocidos fuera de los círculos técnicos y normativos. Hoy, en 2026, el sistema CAE se ha consolidado como un instrumento central en la estrategia nacional de eficiencia energética. Y no es para menos: de los 12 GWh certificados en 2023 hemos pasado a 1.900 GWh en 2024 y, este último año, a una cifra histórica de 5.790 GWh. Este crecimiento exponencial no es fruto de una casualidad; es la consecuencia del esfuerzo conjunto de instituciones, empresas, administraciones y, muy especialmente, de quienes han apostado por la eficiencia como motor de transformación.
El principio que rige el sistema CAE es tan sencillo como potente: quien ahorra energía final, de forma demostrable, puede certificarlo y obtener un retorno económico mediante la venta de esos certificados a los sujetos obligados a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Cada CAE representa un kWh ahorrado y validado, y esta lógica ha permitido movilizar inversiones en medidas que, de otro modo, tal vez no habrían sido viables.
La diversidad de actuaciones que han contribuido al volumen certificado en 2025 es amplia y, sin duda, muy reveladora. El 52,48% del ahorro proviene de actuaciones singulares, que suelen tener lugar en el ámbito industrial, generalmente más complejas y de mayor envergadura. Éstas se concentran especialmente en el sector industrial, que lidera el reparto sectorial con un 57,06% del total del ahorro (3.304 GWh, aproximadamente). Esto se explica por la facilidad para cuantificar ahorros en procesos industriales, así como por el elevado potencial de mejora en este ámbito: recuperación de calor, sistemas de climatización eficiente y optimización de procesos térmicos, entre otros. Muchas de estas actuaciones, además, suponen transformaciones estructurales en la forma en que las industrias consumen energía, con resultados duraderos en el tiempo.
Por su parte, las actuaciones estandarizadas, típicas en el sector residencial o terciario, han representado un 47,52% del ahorro total. Entre ellas, destacan más de 7.500 rehabilitaciones de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios residenciales; más de 3.100 mejoras en la envolvente completa de edificios; cerca de 1.800 sustituciones de vehículos de combustión por eléctricos; más de 1.100 sustituciones de calderas por bombas de calor; la implantación de variadores de velocidad en procesos industriales, con más de 870 intervenciones y, por último, mejoras térmicas como la sustitución de generadores de climatización por bombas eléctricas, con un total de 278 actuaciones.
Un sistema en evolución
Uno de los datos que más llama la atención este año es la participación del sector transporte, que ya representa un 26,68% del ahorro total, con 1.545 GWh. La electrificación de la movilidad está empezando a reflejarse en los CAE, y aunque su peso aún es reducido, también se ha registrado actividad en sectores como el agropecuario, el terciario o el residencial, que contribuyen especialmente con actuaciones estandarizadas de menor escala, pero alto impacto territorial. El sector agropecuario, por ejemplo, ha comenzado a implementar sistemas de bombeo eficientes, mejora de aislamientos en instalaciones ganaderas y modernización de equipos de climatización para conservación de productos. Se trata de pequeñas mejoras que, sumadas, están empezando a marcar diferencias.
Desde el punto de vista administrativo, en 2025 se han tramitado 3.922 solicitudes de emisión, de las cuales 2.464 han sido favorables. A éstas se suman 265 solicitudes desfavorables y 110 desestimadas, un volumen que evidencia la necesidad de acompañar la tramitación con criterios claros, metodologías robustas y, sobre todo, mecanismos de verificación rigurosos. La diferencia entre una solicitud favorable y una desestimada a menudo radica en la calidad de los datos técnicos presentados, en la coherencia de los métodos de cálculo y en la experiencia de quienes gestionan los expedientes.
La importancia de las empresas verificadoras
Y es aquí cuando entra en juego una pieza fundamental del engranaje: las empresas verificadoras. Un verificador del ahorro es una entidad acreditada por ENAC encargada de comprobar que los ahorros energéticos generados por una actuación son reales y están correctamente documentados. Un ejemplo de verificador es Dekra Certificación. La verificación de Certificados de Ahorro Energético (CAE) asegura la fiabilidad de los ahorros de energía logrados. Esta verificación independiente protege la credibilidad del sistema y facilita que tanto sujetos delegados como obligados confíen en el proceso, además de permitir al regulador asegurar que los fondos públicos o compensaciones se asignen de forma justificada.
En cuanto a la distribución del ahorro por tipo de solicitante, el 56,05% provino de sujetos delegados, mientras que el 43,95% fue generado por sujetos obligados, una proporción que indica un razonable equilibrio entre quienes realizan directamente las actuaciones y quienes las promueven a través de terceros. Es, también, un síntoma del dinamismo de este nuevo mercado,en el que conviven grandes compañías energéticas, pymes especializadas, consultoras, instaladoras y empresas de servicios energéticos..
Ahorrar energía tiene valor
En el plano económico, es importante destacar que los resultados son significativos, con un sistema que ha canalizado ingresos por más de 230 millones de euros hacia quienes han apostado por la eficiencia. El precio medio percibido por el propietario inicial del ahorro oscila entre 115 y 140 €/MWh tras la gestión de las solicitudes. Este incentivo ha sido especialmente valioso para sectores que necesitan amortizar inversiones en un contexto de precios energéticos volátiles y, además, ha permitido financiar proyectos que, sin este ingreso adicional, no habrían sido viables en muchas pymes.
También es relevante el impacto geográfico. Aunque hay actuaciones en todo el territorio nacional, la mayor concentración se produce en Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, lo que responde a una mayor densidad de actividad económica, tejido empresarial más consolidado y una mayor experiencia previa en proyectos de eficiencia. Sin embargo, esta realidad también plantea el reto de extender el sistema a regiones menos activas, apoyando la capacitación técnica y la divulgación.
Menos emisiones
Desde el punto de vista ambiental, es importante destacar que los beneficios son incontestables. Aunque el objetivo del sistema es la certificación y monetización del ahorro, los datos de 2024 ya mostraban una reducción de emisiones cercana a medio millón de toneladas de CO₂, cifra que, al cierre de 2025, podría ser incluso superior, lo que refuerza el papel de los CAE como herramienta complementaria en la lucha contra el cambio climático. A medio plazo, estos resultados deberían integrarse en los planes autonómicos y municipales de descarbonización, alineando el CAE con otras políticas públicas.
Lo más interesante es que este sistema genera ahorros y evita emisiones, contribuyendo a construir un nuevo mercado, un mercado de eficiencia energética profesionalizado con cientos de actores que cubren toda la cadena de valor: desde el diagnóstico hasta la implementación, pasando por la verificación y la comercialización. Esto ha favorecido la aparición de nuevos modelos de negocio y ha generado empleo cualificado en toda España: ya existen clústeres regionales especializados en eficiencia, plataformas digitales que facilitan la trazabilidad de certificados y herramientas que permiten a las pymes calcular su potencial de ahorro y retorno económico.
La madurez del sistema exige también responsabilidad. Es necesario que las metodologías sigan evolucionando para reflejar con precisión los ahorros reales y evitar inflar cifras. Que se siga apostando por la verificación como garante del rigor y que las administraciones apoyen con recursos suficientes a los actores que participan, desde los pequeños municipios hasta las grandes compañías. Únicamente así se mantendrá la legitimidad social del sistema.
Nuevas oportunidades
De cara al futuro, el crecimiento sostenido del sistema sugiere nuevas oportunidades, por lo que sería deseable ampliar el catálogo de actuaciones, incluyendo, por ejemplo, medidas de digitalización energética, autoconsumo o almacenamiento, siempre que puedan medirse con fiabilidad. También es clave reforzar la interoperabilidad de los sistemas digitales de tramitación, reducir plazos administrativos y mejorar la transparencia. Además, debería explorarse la conexión con sistemas similares en otros países europeos, lo que permitiría avanzar hacia un mercado común de certificados, favoreciendo economías de escala y cooperación tecnológica.
En definitiva, el Sistema CAE ha pasado de ser una propuesta normativa a convertirse en una herramienta real de transformación. Ha movilizado inversiones, generado confianza, distribuido beneficios y, sobre todo, ha demostrado que la eficiencia energética no es una aspiración retórica, que se ha convertido en una oportunidad concreta y medible. Con los aprendizajes de estos años, el reto ahora está en mantener la credibilidad, ampliar el impacto y consolidar un modelo que, sin duda, ya está marcando la diferencia.