El Real Decreto-Ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, introduce medidas para mitigar el impacto del fuerte encarecimiento del petróleo y el gas derivado de la escalada bélica en el Golfo Pérsico.
En materia de movilidad, este paquete normativo supone un paso en la buena dirección hacia la electrificación de la economía, pero presenta carencias relevantes en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles importados, especialmente en el terreno fiscal, donde las medidas adoptadas resultan insuficientes o incoherentes con los objetivos estratégicos del país.
Entre las medidas más destacadas, el Ejecutivo ha recuperado la deducción del 15 % en el IRPF para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, vigente hasta diciembre de 2025. Se trata de una señal directa al consumidor que reduce el coste de acceso y que, como ya se observó el pasado año, contribuye a dinamizar las matriculaciones.
En paralelo, se ha actuado sobre la fiscalidad de la electricidad:
Estas medidas alivian la carga fiscal sobre la electricidad, pero introducen una contradicción relevante.
El IVA reducido del 10 % se aplica a la electricidad en el ámbito residencial, pero no se extiende a la recarga pública. Esta limitación reduce el impacto de la medida sobre el usuario final y genera una asimetría difícil de justificar.
De hecho, el mismo tipo reducido sí se aplica a los carburantes, afectando a todos los usos vinculados a la movilidad.
Este desequilibrio fiscal puede entrar en conflicto con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030. La menor incentivación de la recarga pública, clave para usuarios sin garaje o en entornos urbanos, introduce señales económicas que podrían ralentizar la adopción del vehículo eléctrico.
Los operadores de puntos de recarga pública (CPO) y profesionales como los del sector del taxi, ya han advertido de esta incoherencia: mientras los conductores de vehículos de combustión se benefician del IVA reducido en surtidores, los usuarios de vehículos eléctricos no reciben el mismo tratamiento en la recarga pública.
En la práctica, esto implica que no se está incentivando plenamente el cambio hacia la electrificación, sino que, en cierta medida, se sigue favoreciendo el uso de combustibles fósiles.
La transición energética requiere algo más que medidas puntuales. Necesita políticas estables, coherentes y de carácter plurianual que ofrezcan certidumbre tanto a ciudadanos como a empresas.
En este sentido, el debate sobre la fiscalidad energética no debería quedar condicionado por la coyuntura política. La electrificación del transporte es un objetivo estratégico de país y, como tal, exige un marco regulatorio sólido, predecible y alineado con los objetivos de la descarbonización.
En definitiva, avanzar hacia un modelo energético más sostenible exige pasar de respuestas reactivas a una planificación estructural, donde la estabilidad regulatoria y la coherencia fiscal se conviertan en pilares fundamentales del proceso de electrificación.