En el contexto internacional actual, marcado por la inestabilidad geopolítica y la volatilidad de los mercados energéticos, la energía eólica es una de las principales garantías de seguridad energética para España. Durante el primer trimestre de 2026, la eólica ha aportado más del 30% de la cobertura del mix eléctrico español, contribuyendo de forma decisiva a contener los precios de la electricidad. Cuanta más eólica tengamos instalada, más bajos serán los precios para los consumidores. Solo en el último año, la energía eólica ha permitido ahorrar más de 4.600 millones de euros a los consumidores, lo que equivale aproximadamente a 20 €/MWh en el precio del mercado eléctrico, con ahorros medios superiores al 25%. Debemos avanzar hacia un modelo estructural basado en energías autóctonas y competitivas que reduzcan la exposición de la economía española a las tensiones geopolíticas globales. En este sentido, la energía eólica representa una verdadera fortaleza estratégica. La eólica es actualmente la única tecnología cleantech en la que Europa mantiene una cadena de valor industrial completa, sin depender de terceros mercados, con más de 280 centros industriales vinculados al sector, y siendo el cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con 1.950 millones de euros en exportaciones en 2024 en España.
En nuestro país es imprescindible acelerar la tramitación de nueva potencia eólica ya que, a pesar del volumen de proyectos en tramitación, la potencia no está creciendo al ritmo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para alcanzar los objetivos de 2030. Las causas no se encuentran en la tecnología, la industria ni en la disponibilidad de proyectos, ya que España dispone de una cadena de valor eólica completa, una industria competitiva internacionalmente, así como numerosos proyectos listos para desarrollarse. El problema se encuentra en los procesos de tramitación administrativa. Los plazos de autorización no se están cumpliendo y existen criterios ambientales no homogéneos entre territorios, donde en muchos casos prevalece un principio de precaución excesivo frente al Interés Público Superior de los proyectos renovables reconocido en la normativa europea. A esta situación se suma la creciente judicialización de proyectos en determinados territorios, como Galicia, lo que incrementa la incertidumbre jurídica y afecta directamente a las decisiones de inversión. Por ello, es necesario acelerar la tramitación de nueva potencia, facilitar e incentivar la repotenciación de los parques más maduros respetando la libertad de decisión por parte del propietario, mantener la capacidad industrial existente en el país, y solucionar la judicialización masiva de proyectos, entre otros objetivos para que la transición energética avance al ritmo previsto. Por otro lado, el sector también reclama acelerar el calendario regulatorio y la celebración de las primeras subastas de eólica marina flotante en España, impulsando un mercado “piloto”. Su desarrollo no es solo un proyecto energético; es una política industrial de país. La instalación de los primeros 3 GW de eólica marina flotante podría aportar 9.500 millones de euros al PIB y generar más de 7.500 empleos, impulsando la economía azul y reforzando el papel de puertos y astilleros como centros industriales de referencia.
En 2025, la eólica se consolidó como la primera fuente de generación en el sistema eléctrico en España, cubriendo el 23,5% de la demanda. Gracias a su aportación, el país evitó la compra de 116 metaneros de gas y logró ahorros superiores a 3.000 millones de euros en combustibles fósiles. La eólica es la tecnología renovable más eficiente del sistema: los nuevos parques pueden superar las 3.500 horas equivalentes, utilizando las redes eléctricas de forma eficiente, y situándose como la opción más competitiva del mix energético. Actualmente, la industria eólica emplea en España a más de 37.000 profesionales altamente cualificados y mantiene una posición destacada en innovación.
La eólica es la tecnología ancla del sistema eléctrico, aportando estabilidad y resiliencia. Es la base sobre la que se construirá el próximo ciclo energético y es una cuestión de seguridad nacional. España requiere aumentar su capacidad de energía eólica y acelerar su despliegue.
Artículo escrito por:
Juan Virgilio Márquez
Director general
Asociación Empresarial Eólica (AEE)