Podría decirse que 2025 ha sido un año determinante para el sistema energético español. Si algo han revelado estos últimos doce meses es que una infraestructura gasista robusta y flexible constituye el pilar insustituible en que se asienta la estrategia energética de cualquier país avanzado; más todavía en un contexto general de aceleración de la transición ecológica e inestabilidad geopolítica.
Las plantas de regasificación y las redes de transporte y distribución de gas atienden una demanda energética de unos 330 TWh de energía, casi 1,3 veces más que las redes eléctricas. Su resiliencia ha sido desafiada en situaciones críticas recientes, como el apagón eléctrico del pasado mes de abril o la Dana de octubre de 2024. El sistema respondió, como ya lo hiciera durante la borrasca Filomena, con extraordinaria eficacia.
No fue casualidad, sino el fruto de una rigurosa planificación y de inversiones sostenidas en el tiempo. Durante décadas se adoptaron decisiones que se sabían fundamentales para el largo plazo, se diseñaron estrategias que son las que hoy garantizan la continuidad del suministro en cualquier circunstancia. Ha sido un empeño de largo aliento, discreto, cuyos resultados no reclaman grandes titulares ni el reconocimiento público, pero con enorme trascendencia para la vida económica y el bienestar social del país.
En efecto, buena parte de la población desconoce, por ejemplo, la función primordial que desempeñan los ciclos combinados de gas al ofrecer a la red eléctrica soporte frente a la variabilidad e intermitencia de la generación renovable o durante las más adversas condiciones meteorológicas. Son ellos los que garantizan la seguridad del suministro en cualquier eventualidad y proporcionan tranquilidad a los hogares, empresas y administraciones públicas.
En términos operativos el sistema gasista ha reafirmado en 2025, sin dejar lugar a dudas, sus capacidades. El balance del año es el de un éxito del que hemos de enorgullecernos, pero que no puede ocultar la inquietante realidad económica que afronta el sector. Entre 2021 y 2026, la retribución reconocida para las actividades gasistas reguladas ─transporte, regasificación y distribución─ ha experimentado una caída acumulada de casi 2.500 millones de euros, lo que supone una merma superior al 16% con respecto al ciclo regulatorio anterior. España es hoy uno de los países europeos con menor rentabilidad relativa de las infraestructuras gasistas, una circunstancia que, sin duda, debilita el sistema.
El desfase retributivo acumulado es mucho más que un simple dato contable. Constituye una seria advertencia sobre la sostenibilidad del modelo en el medio plazo. Un sistema con una base económica erosionada ve reducido su margen para afrontar las inversiones imprescindibles que exige operar dentro de los máximos estándares de calidad y seguridad. Corregir los desajustes retributivos del modelo actual y asegurar una rentabilidad justa y razonable es condición necesaria para preservar la capacidad de respuesta del sistema en los próximos años.
El proceso de revisión del marco retributivo puesto en marcha por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no puede dejar de tener en cuenta las exigencias que impone la transición energética, entre otros, la integración de los gases renovables en la red gasista. El despliegue a gran escala de esta fuente de energía generada a partir de recursos autóctonos permitirá reducir nuestra dependencia de importaciones y, no menos importante, la valorización de residuos orgánicos en un modelo de economía circular que impulsará el desarrollo de zonas rurales, la creación de empleo local de calidad y la fijación de población en lugares que enfrentan serios problemas de reto demográfico.
La CNMC también tendrá que tomar en consideración, necesariamente, las inversiones que requerirá la digitalización de las redes, inaplazable por ser crucial para la optimización del ciclo de vida de los activos, la planificación energética integrada y la ciberseguridad. La transición a un nuevo modelo energético requiere el respaldo de infraestructuras adaptadas y ellas, a su vez, inversiones que solo serán posibles en un entorno regulatorio que ofrezca certidumbre.
El marco retributivo para el periodo 2027-2032 debiera convertirse en un instrumento clave de una ambiciosa política pública en sintonía con un proyecto global y sostenible de país que fijaría entre sus prioridades el refuerzo de la seguridad y flexibilidad del suministro energético, el impulso a proyectos que fortalezcan la competitividad industrial, así como el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de reducción de emisiones. Resulta perentorio restablecer un equilibrio que garantice una rentabilidad justa y razonable para los gestores que mantienen y operan estas infraestructuras; es imperativo el reconocimiento de los costes reales en un modelo que incentive la inversión e impulse la innovación, la eficiencia y la digitalización de las infraestructuras.
Durante 2025, el sector energético, la industria y los agentes sociales han coincidido en subrayar la necesidad de un consenso amplio y estable, en el que las decisiones del regulador y las necesidades de los operadores se sitúen en plena sintonía con una política energética de Estado. 2026 debe ser el año que defina el papel del gas en la España que avanza decidida hacia la descarbonización. Las decisiones que se adopten, entre ellas, las que afectarán a la tasa de retribución financiera y las metodologías retributivas de los activos o los criterios de cálculo de los peajes para 2027-2032, condicionarán la capacidad de respuesta del sistema durante la próxima década.
Un marco retributivo sólido, estable y predecible no es un fin en sí mismo: es la plataforma para blindar la seguridad energética, acelerar la integración de gases renovables, sostener la competitividad industrial y garantizar un suministro asequible a familias y pymes. Es, también, la señal que los inversores internacionales esperan para comprometer capital a largo plazo en un país que ha demostrado, con hechos, que su infraestructura responde.
La responsabilidad que ahora compartimos el sector gasista y las administraciones es preservar y modernizar ese activo estratégico. Corregir esta situación, equiparar rentabilidades con Europa, incentivar la eficiencia y la descarbonización, estabilizar peajes y minimizar el coste social de la transición energética son piezas de un mismo engranaje. Acertar en su ensamblaje será la mejor forma de garantizar el bienestar, la independencia y el liderazgo energético, económico y social de España en la Europa del futuro.
Artículo escrito por:
Joan Batalla
Presidente
Sedigas
