El congreso anual de la asociación analiza el impacto de la geopolítica en el gas, el avance del sistema de certificados de ahorro energético y los sobrecostes derivados de la operación reforzada del sistema eléctrico.
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha planteado la necesidad de abordar una reforma de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas, proponiendo su indexación al mercado mayorista MIBGAS en lugar de mantener referencias a índices considerados obsoletos.
La propuesta se expuso durante el congreso anual de la asociación, que reunió a representantes del sector energético para analizar los retos de la comercialización de electricidad y gas en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de precios.
Durante la apertura del encuentro, el presidente de ACIE, Julio César Nieto, defendió la necesidad de preservar la competencia en la comercialización energética y mantener una oferta diversa de productos para los consumidores. También señaló los desarrollos regulatorios en curso, entre ellos la Ley de clientela y el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, en cuyo proceso de elaboración la asociación ha trasladado propuestas orientadas a mejorar la actividad de los comercializadores independientes y reforzar la competencia.
En el ámbito eléctrico, Nieto indicó que el apagón registrado recientemente ha provocado cambios en la operativa del sistema y la introducción de la denominada operación reforzada, lo que ha incrementado los sobrecostes asociados a los servicios de ajuste. Ante esta situación, la asociación considera necesario abrir un diálogo sectorial para revisar cómo se financian estos costes y evitar distorsiones en el mercado.
Respecto al mercado gasista, ACIE planteó que la TUR debería centrarse progresivamente en los consumidores vulnerables, mientras que el resto de clientes debería operar en el mercado liberalizado.
Durante el encuentro también se presentaron datos sobre el funcionamiento del sistema de certificados de ahorro energético (CAE). Según Adrián Ruiz, jefe del área de certificados de ahorro energético del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta finales de febrero se habían liquidado 2.781 GWh, frente a una obligación anual de 5.410 GWh, lo que supone cubrir aproximadamente el 50% del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética.
En la mesa dedicada al sistema eléctrico, representantes de OMIE, Red Eléctrica y PwC coincidieron en la necesidad de impulsar herramientas de gestión de la demanda, almacenamiento e integración de nuevos agentes, como el agregador independiente, con el objetivo de incrementar la flexibilidad del sistema y mejorar la participación de los consumidores.
El debate sobre el mercado gasista abordó el impacto de la geopolítica en la seguridad de suministro y en la competencia por el gas natural licuado (GNL). Los participantes señalaron que el sistema gasista español dispone de infraestructuras que le confieren resiliencia ante episodios de tensión en el mercado, aunque destacaron la elevada dependencia de importaciones y la volatilidad de los costes asociados a la seguridad de suministro.
Asimismo, se subrayó la importancia de aprovechar las infraestructuras existentes y de establecer un marco regulatorio y retributivo adecuado para acelerar el desarrollo de biogás, biometano e hidrógeno, tecnologías consideradas clave en la descarbonización del sistema gasista.
Durante el debate también se advirtió de los riesgos asociados a tensiones internacionales en el mercado global de GNL. En este sentido, se recordó que Catar representa cerca del 20% del suministro mundial de GNL, por lo que interrupciones en su producción podrían provocar semanas de tensión en el mercado y una mayor competencia entre regiones por los cargamentos disponibles.
En la clausura del congreso, el vicepresidente primero de ACIE, Antonio G. Lamuño, señaló que el ejercicio 2026 se perfila como un año especialmente exigente para el sector energético. El directivo reiteró la disposición de la asociación a colaborar con el regulador en el desarrollo de medidas equitativas, transparentes y compatibles con la competencia en el mercado energético.