La asociación reclama reconocer la infraestructura de recarga como una industria estratégica de la automoción y pide políticas industriales específicas para reforzar la fabricación, la innovación y la competitividad nacional.
AEDIVE ha mantenido una reunión con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que trasladó al Gobierno una visión de la movilidad eléctrica desde la perspectiva industrial y empresarial, con especial atención a las condiciones necesarias para que España no solo avance en la electrificación del transporte, sino que consolide y haga crecer la capacidad industrial y tecnológica asociada a este proceso.
Entre la documentación entregada, destaca el “Decálogo de la Industria Española de Infraestructura de Recarga”, elaborado a partir de las aportaciones de los fabricantes nacionales integrados en AEDIVE y concebido como una propuesta de consenso para consolidar un sector industrial sólido, innovador y competitivo.
El documento parte de una premisa: España cuenta ya con capacidades industriales y tecnológicas relevantes en infraestructura de recarga y debe convertirlas en una ventaja competitiva duradera.
Los puntos de carga, parte estratégica de la automoción
Uno de los principales mensajes al ministro ha sido que la infraestructura de recarga debe ser reconocida como una industria estratégica y como parte integral de la industria de la automoción, al mismo nivel que el vehículo y sus componentes.
AEDIVE considera que la electrificación no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del vehículo. Sin una infraestructura de recarga suficiente, fiable, interoperable y tecnológicamente avanzada no es posible consolidar la movilidad eléctrica. Por ello, la asociación reclama que este reconocimiento se traduzca en políticas específicas de apoyo, financiación e impulso industrial.
El Decálogo plantea, además, impulsar una política industrial que promueva el diseño, la fabricación y el desarrollo de equipos de recarga en Europa, reduciendo dependencias externas, reforzando las cadenas de suministro y generando empleo cualificado e innovación. En paralelo, AEDIVE propone incorporar explícitamente a los fabricantes de equipos y soluciones de recarga a la Industrial Accelerator Act, para facilitar su acceso a instrumentos europeos de financiación, inversión e innovación.
Otro de los ejes del Decálogo es la evolución de la contratación pública hacia un modelo basado en el valor y no exclusivamente en el precio inicial.
AEDIVE propone que las licitaciones de infraestructura de recarga tengan en cuenta el coste total del ciclo de vida de los equipos —instalación, operación, mantenimiento, consumo energético, actualización y eventual sustitución—, además de parámetros como calidad, fiabilidad, interoperabilidad, ciberseguridad, eficiencia energética, sostenibilidad y servicio posventa.
La asociación considera que este cambio permitiría que la contratación pública actúe como una verdadera herramienta de política industrial, favoreciendo soluciones más robustas y eficientes y evitando que el precio de adquisición determine, por sí solo, decisiones que tendrán consecuencias durante toda la vida útil de una infraestructura.
Una competencia equilibrada y un marco regulatorio homogéneo
AEDIVE también ha planteado la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia justas para los fabricantes españoles y europeos. En este ámbito, el Decálogo propone establecer un mecanismo nacional especializado de supervisión de equipos de recarga, capaz de realizar ensayos técnicos, coordinar campañas de inspección y emitir informes de seguimiento, tomando como referencia modelos europeos como el francés.
La propuesta pretende corregir las asimetrías existentes en la intensidad de la vigilancia del mercado y garantizar que las empresas que realizan un esfuerzo efectivo para acreditar la conformidad de sus productos compitan en igualdad de condiciones.
A ello se suma la petición de un marco regulatorio estable y armonizado, con una aplicación coordinada de AFIR, metrología, Cyber Resilience Act, NIS2 y el resto de normativa europea, evitando interpretaciones divergentes, duplicidades y requisitos adicionales que puedan convertirse en barreras al mercado.
Agilizar las ayudas y apostar por la innovación
El documento reclama asimismo una simplificación de los programas de ayudas e incentivos vinculados a la infraestructura de recarga. AEDIVE considera necesario reducir la carga documental, homogeneizar convocatorias y acortar los plazos de evaluación, resolución y pago para que los fondos públicos puedan movilizar con mayor rapidez inversión industrial y despliegue de infraestructura.
La innovación constituye otro de los pilares del Decálogo. AEDIVE propone reforzar la I+D+i en ámbitos como la recarga inteligente y bidireccional, la interoperabilidad, la integración con la red eléctrica, la digitalización, el mantenimiento predictivo y la gestión energética, mediante mecanismos de financiación estables y una mayor colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades, operadores energéticos y administraciones.
El Decálogo pone también el foco en el conjunto del ecosistema industrial que existe alrededor de la recarga. AEDIVE reclama políticas que favorezcan el crecimiento de fabricantes, proveedores tecnológicos y pymes y que permitan desarrollar en España actividades de diseño, ingeniería, software, digitalización, integración energética, mantenimiento y servicios asociados.
El objetivo es incrementar la autonomía industrial y tecnológica, generar empleo cualificado y estable, atraer inversión y utilizar el mercado nacional como plataforma para mejorar la competitividad y la capacidad exportadora de las empresas españolas.
En este sentido, AEDIVE subraya que no se trata de reclamar subvenciones indiscriminadas, sino de crear un entorno industrial que reconozca el valor estratégico de las empresas que ya diseñan, fabrican y exportan tecnología desde España.
El último punto del Decálogo plantea establecer un marco estable de colaboración público-privada que permita anticipar necesidades regulatorias, identificar barreras y acelerar el despliegue de una infraestructura de recarga segura, interoperable y competitiva.
El kWh profesional, una pieza para acelerar la electrificación del transporte pesado
Junto al Decálogo, AEDIVE trasladó al ministro el informe “kWh bonificado para el transporte pesado en España”, una propuesta orientada a corregir el actual desequilibrio entre las tecnologías energéticas disponibles para el transporte profesional.
La propuesta busca que el coste energético no se convierta en una barrera adicional para la electrificación del transporte pesado y, al mismo tiempo, generar una demanda eléctrica previsible que contribuya a movilizar inversión industrial, infraestructura de recarga y actividad económica asociada.
Durante el encuentro, la asociación también puso sobre la mesa el resto de trabajos trasladados previamente al Ministerio, entre ellos el informe sobre el impulso de la recarga en corriente alterna y la documentación vinculada a la plataforma PIRVEP, relativa al despliegue de infraestructura de alta potencia y a la eliminación de las barreras administrativas, regulatorias y operativas que continúan ralentizando su desarrollo.
En este ámbito, uno de los aspectos destacados por AEDIVE fue el coste económico y reputacional que están asumiendo los operadores de infraestructura de recarga (CPOs) por instalaciones que no pueden entrar en servicio en los plazos previstos, como consecuencia de los retrasos administrativos y de los procesos de conexión y energización con las distribuidoras.
AEDIVE defendió asimismo que la infraestructura de recarga debe adquirir mayor visibilidad como parte integral de la industria de la automoción y que ese reconocimiento debe tener una traducción concreta en los incentivos y medidas que se articulen dentro del Plan Auto 2030.
Durante la reunión se abordaron igualmente los Certificados de Ahorro Energético (CAES), los eCredits y distintos aspectos relacionados con la seguridad industrial en la instalación de puntos de recarga.
Para AEDIVE, el encuentro con el ministro Hereu supone una oportunidad para avanzar desde una política centrada exclusivamente en acelerar la adopción del vehículo eléctrico hacia una estrategia más amplia, capaz de consolidar en España la industria que hace posible esa electrificación.
