El Gobierno prepara un nuevo marco regulatorio para los centros de datos, estableciendo requisitos de energía renovable, eficiencia e soberanía digital. Además, se prevén sanciones por incumplimiento.
El Gobierno prepara un nuevo marco regulatorio para los centros de datos de mayor consumo energético. El Consejo de Ministros ha acordado tramitar por la vía de urgencia el proyecto de real decreto que establecerá requisitos específicos en materia energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital. El texto se someterá ahora a audiencia pública.
Entre las principales medidas previstas figura la obligación de que los centros de datos de más de 1 MW de potencia eléctrica cubran con generación renovable al menos el 80% de su consumo, porcentaje que deberá acreditarse de forma horaria. Este umbral se aplicará hasta que las tecnologías renovables representen más del 90% de la generación eléctrica nacional.
La propuesta incorpora, además, el principio de adicionalidad de la generación renovable. Para cada nuevo MW de demanda asociado a un centro de datos deberá existir un MW adicional de generación renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación.
Los promotores podrán cumplir esta condición mediante instalaciones de autoconsumo o mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA). El requisito pretende vincular el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a estas infraestructuras con nueva capacidad renovable, en lugar de cubrirla exclusivamente mediante generación ya existente.
Condiciones para el acceso a la red
El cumplimiento de estas obligaciones estará relacionado con la conexión de los nuevos centros de datos al sistema eléctrico. Los proyectos deberán acreditar que cumplen los requisitos establecidos para poder obtener derechos de acceso y conexión.
El proyecto contempla asimismo consecuencias económicas para los casos de incumplimiento. Los centros que no alcancen las condiciones exigidas podrán afrontar cargos y peajes adicionales, destinados a compensar los costes que dicho incumplimiento pueda generar en el sistema eléctrico. En determinados supuestos, también podría producirse la pérdida de los derechos de acceso y conexión.
La medida se plantea en un contexto de crecimiento de las solicitudes de capacidad eléctrica para centros de datos. Según los datos manejados por el Ejecutivo, desde 2021 se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para este tipo de instalaciones.
Esta cifra contrasta con las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial, que contemplaba para 2030 una potencia de computación de aproximadamente 2,5 GW y una demanda eléctrica asociada de entre 3,5 y 4 GW.
Requisitos de eficiencia energética e hídrica
El futuro real decreto también establecerá condiciones específicas relacionadas con el consumo de recursos. Los centros de datos deberán alcanzar los niveles más exigentes de eficiencia energética e hídrica previstos en el sistema europeo de etiquetado para estas instalaciones, actualmente en desarrollo.
La propuesta establece que, una vez entre en aplicación dicho marco europeo, los nuevos centros deberán alcanzar la categoría A tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica.
Además, las instalaciones con una potencia superior a 500 kW deberán facilitar información sobre sus indicadores de eficiencia energética y sostenibilidad al Ministerio para la Transición Ecológica, que prevé publicar estos datos anualmente. En el caso de los centros de más de 1 MW, también deberán informar sobre la aplicación de las mejores prácticas recogidas en el Código de Conducta Europeo sobre eficiencia energética.
Nuevas condiciones de soberanía digital
El proyecto incorpora igualmente requisitos destinados a reforzar el control sobre las infraestructuras y los datos gestionados por los centros.
Entre las condiciones previstas se encuentra que la operación de las instalaciones y el control de los datos vinculados a su actividad correspondan a entidades sujetas al derecho de la Unión Europea. Asimismo, los datos, metadatos y registros tratados durante la operación deberán permanecer dentro del territorio comunitario y deberán existir mecanismos para controlar los accesos desde terceros países.
Los centros que superen determinados umbrales tendrán que presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de estas obligaciones. Las instalaciones que alojen información de Administraciones Públicas o relacionada con la seguridad nacional deberán asumir, además, el compromiso de mantener dichos datos dentro de la Unión Europea.
Adaptación de los proyectos en curso
El nuevo marco no se aplicará a los centros de datos que ya se encuentren en funcionamiento. Para los proyectos actualmente en tramitación se contempla un periodo de adaptación de seis meses para acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones.
En los proyectos pendientes de un concurso de acceso a la red, el plazo se reducirá a tres meses. Como alternativa al cumplimiento de los requisitos, los promotores podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías correspondientes.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende establecer un marco común para el desarrollo de nuevos centros de datos, vinculando su despliegue a criterios de disponibilidad y sostenibilidad energética, eficiencia en el uso de recursos y condiciones de soberanía digital.
