El Gobierno no consigue sacar adelante el paquete de medidas urgentes que aprobó en junio con el fin de fortalecer el sistema tras el 'cero eléctrico' del pasado 28 de abril.
El Congreso tumbó este martes el Real Decreto-ley 7/2025, conocido como “decreto antiapagones". La norma fue aprobada en junio por el Gobierno con el fin de fortalecer el sistema eléctrico tras el 'cero eléctrico' que dejó sin suministro a la Península Ibérica el pasado 28 de abril, pero no ha conseguido superar el filtro parlamentario. La negativa de PP, Vox, Podemos, Junts, BNG, UPN y del diputado de la Chunta Aragonesista integrado en Sumar han hecho inútiles los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Coalición Canaria y el exministro socialista integrado en el grupo mixto, José Luis Ábalos. El resultado final ha sido de 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.
Dos meses después del apagón, el Gobierno concluyó que este se produjo por un problema multifactorial que originó una escalada de sobretensión que ni las empresas eléctricas ni Red Eléctrica pudieron controlar. Por lo que el decreto presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, buscaba reforzar la supervisión del sector eléctrico. Contenía medidas para rebajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva y facilitar la instalación de renovables, el almacenamiento o el autoconsumo.
El texto había logrado cierta unanimidad en el sector eléctrico, ya que las principales entidades y asociaciones de este ámbito se posicionaron a su favor. Algunas como AEE, AEGE, Aelec, APPA Renovables y UNEF incluso enviaron una carta a los grupos parlamentarios pidiéndoles su aprobación en las Cortes. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para convencer a la mayoría del hemiciclo.
Podemos y BNG, socios habituales del Gobierno y partícipes de la mayoría que permitió investir presidente a Pedro Sánchez, han desdeñado el real-decreto porque lo consideran “al servicio del oligopolio eléctrico”. Por otro lado, PP y Vox señalaron que el apagón fue culpa del Gobierno y que “antes de poner en marcha cualquier medida debería haber dimisiones”. Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista integrado en Sumar, ha roto la disciplina de voto de su formación y se ha opuesto a la norma porque permitía a las energéticas instaurar proyectos “que podrían perjudicar a pequeños municipios rurales”.
Las asociaciones del sector eléctrico y los colectivos ecologistas han recibido la noticia con decepción y preocupación. Además, advierten de la posibilidad de que se produzcan nuevos desequilibrios.
APPA Renovables
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha expresado su profunda preocupación por la no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025, al considerar que suponía una respuesta urgente y necesaria a los retos del sistema eléctrico. Según la asociación, la decisión del Congreso frena avances esperados por todo el sector, afectando especialmente a la adecuación de los hitos al desarrollo real de la demanda, así como al impulso del almacenamiento y las renovables térmicas. APPA señala como crítica la falta de modificación del quinto hito y sus plazos, lo que dejará bloqueados numerosos proyectos por trámites que no se ajustan a la realidad tecnológica ni administrativa. Muchos de estos están además paralizados por medidas cautelares impulsadas por grupos contrarios a las renovables, situación que el RDL habría mitigado.
La asociación advierte que esta rigidez normativa podría desembocar en un colapso del proceso de integración de nueva capacidad renovable, generando un ritmo de instalación inasumible para las administraciones. Además, al no haber medidas paralelas para estimular la demanda, alertan del riesgo de acentuar los desequilibrios del mercado eléctrico, agravando fenómenos como la “curva de pato”.
Greenpeace
Greenpeace también ha lamentado la no aprobación del decreto antiapagones, que contenía “medidas clave para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo”. La organización exige una nueva propuesta urgente que, además de recuperar los avances rechazados, limite el poder del oligopolio eléctrico. “La crisis climática no espera”, ha recordado Francisco del Pozo, su coordinador de campaña para combustibles fósiles. La ONG pide incluir sus 10 medidas clave para un sistema resiliente, como separar completamente las actividades reguladas y liberalizadas, o frenar el uso especulativo de centrales hidroeléctricas.
También reclaman lanzar un mercado de capacidad que favorezca solo a renovables, impulsar el grid forming, regular la carga bidireccional de vehículos eléctricos y crear una Comisión Nacional de Energía. Además, piden mantener medidas como la ampliación del radio para autoconsumo, desgravaciones fiscales para bombas de calor, el impulso al almacenamiento y la creación del gestor de autoconsumo colectivo.
Fundación Renovables
La Fundación Renovables considera que el Real Decreto-ley 7/2025, “aunque fuese imperfecto, incluía avances clave” como la ampliación del radio para autoconsumo compartido, la creación del gestor de autoconsumo o la declaración de utilidad pública del almacenamiento energético.También abordaba la repotenciación eólica, especialmente relevante en Galicia, y agilizaba la expansión de puntos de recarga eléctrica con nuevos plazos máximos para su activación. En cuanto a la operación del sistema, se planteaba la retribución a las renovables por servicios de tensión y grid forming, esenciales para la seguridad del suministro sin depender de fuentes fósiles.
La Fundación considera incomprensible el bloqueo, especialmente por parte de formaciones progresistas y del PP, y lamenta que se haya perdido una oportunidad de consenso para reforzar el sistema eléctrico. Recuerda que el decreto contaba con el respaldo de actores sociales, ecologistas y económicos, y pide retomar estas reformas de forma urgente.
Asociación Empresarial Eólica
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha mostrado su profunda preocupación por la no convalidación de la norma, al considerar que contenía medidas técnicas clave para reforzar la seguridad del sistema eléctrico y avanzar en la transición energética. El sector recuerda que el texto era de carácter técnico y estratégico, y que no existía justificación para su rechazo. A juicio de la AEE, esta decisión condiciona el desarrollo de las renovables, en especial de la energía eólica, y perjudica la electrificación de la economía y la competitividad industrial. También lamentan que la aritmética parlamentaria vuelva a bloquear avances imprescindibles, como ya ocurrió en casos autonómicos.
El sector eólico, que genera el 23% del mix eléctrico, pide activar de forma urgente un Proyecto o Proposición de Ley para recuperar el contenido del decreto y garantizar un sistema energético moderno, eficiente y seguro. La AEE hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para evitar que intereses partidistas frenen el progreso energético y económico del país.
Anpier
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha expresado su profundo malestar por la no convalidación del RDL 7/2025, que contenía una disposición “clave” para 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España. La entidad reclama a los grupos parlamentarios un esfuerzo de consenso en medidas que afectan directamente a las economías domésticas.
El decreto incluía una solución temporal a una disfunción normativa que obliga a devolver ingresos a pesar de que las plantas cumplen con su producción, debido a interpretaciones erróneas sobre horas a precio cero o negativo. Anpier denuncia que este “absurdo desajuste regulatorio” castiga injustamente a quienes hicieron posible la implantación de una tecnología ahora esencial para el país.
El presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, insta al Congreso a reparar esta situación “en la primera ocasión posible” y al Gobierno a actuar con urgencia para evitar un desastre económico.
UNEF
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también ha lamentado la derogación en el Congreso normativa “antiapagones”, “clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y fomentar la competitividad industrial mediante el uso de energías renovables”. La asociación advierte que esta paralización, motivada por intereses ajenos al contenido técnico del texto, pone en riesgo más de 30.000 millones de euros en inversiones, así como un proceso de reindustrialización sin precedentes gracias al bajo precio de la electricidad fotovoltaica en España. Además, afecta negativamente al desarrollo del almacenamiento energético, el autoconsumo y las comunidades energéticas, fundamentales para una transición energética justa y sostenible.
UNEF insta a los grupos parlamentarios a retomar con urgencia el debate y a mostrar compromiso institucional para sacar adelante una nueva normativa que permita aprovechar la ventaja competitiva energética del país y fortalecer la seguridad de suministro en un contexto geopolítico incierto.
