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El sector de las renovables alerta de un ‘atasco burocrático’ que puede poner en riesgo la transición energética

 El sector de las renovables alerta de un ‘atasco burocrático’ que puede poner en riesgo la transición energética
Redacción

Clifford Chance y la Universidad de Salamanca han organizado una mesa redonda en Madrid en la que se debatió sobre cuál es el estado actual del sector de las energías renovables, sus problemas fundamentales y qué propuestas podrían adoptarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia de desarrollo de energías limpias. Bajo el título Estrategia regulatoria para el desarrollo del mercado de las energías renovables y la moderación del director de la práctica de Derecho Público de Clifford Chance en España, Jaime Almenar, algunos de los principales protagonistas del mercado de las renovables coincidieron en señalar al atasco burocrático, por ejemplo, en el otorgamiento de derechos de acceso y conexión, como a uno de los principales frenos de la transición energética en nuestro país.

 

Las trabas burocráticas, mucho más decisivas que las subastas en el éxito de la transición energética
Uno de los temas centrales de la sesión fue en qué medida los requisitos para el despliegue de instalaciones renovables en España –y, particularmente, para el acceso de las mismas a la red– establecidos por ejemplo en el RDL 23/2020 están dando pie a un ‘atasco burocrático’.

Sobre el mismo, José María González Moya, Director General de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), consideró probada la existencia de ese atasco y lo tildó además de “salvaje” en algunos casos. Para el ponente, el principal de esos atascos tiene que ver “con los derechos de acceso y conexión, que es la primera vía para desarrollar un proyecto renovable”. En España ahora mismo “tenemos 140 GW de derechos de acceso comprometidos de los cuales desarrollaremos, como mucho, 60 GW”: un contratiempo que González Moya consideró mucho más determinante en el despliegue de las renovables en nuestro país que la forma en que planteemos las subastas.

Para el Director General de APPA, “el RDL 23/2020 pone en riesgo proyectos con capacidad de generar 60 GW, y sería importante no hacer ‘tabula rasa’ y que se vean afectados por la desafección de una cierta administración”. En cambio, González Moya instó al gobierno “a ser más flexible” y a “no culpabilizar al promotor que hace las cosas bien”, porque sino corremos el riesgo “de que se retrase toda la transición energética”.

Por su parte, Giles Dickson, CEO de la patronal eólica europea WindEurope, recordó a los asistentes que “a nivel europeo, deberían estar instalándose 30.000 MW al año para cumplir con los objetivos de la UE”, y, en cambio, “no estamos alcanzando ni la mitad”. Para agilizar las tramitaciones que posibiliten llegar a esos umbrales, Dickson comentó que “la Comisión prevé presentar el año que viene unas directrices no vinculantes sobre cómo pueden simplificar sus procedimientos de permisos los estados miembro. Por ejemplo, evitando las duplicidades de esfuerzos entre administraciones nacionales, regionales y locales o teniendo hacia una verdadera ‘ventanilla única’ en que los promotores de proyectos renovables tengan un único punto de contacto con la administración”.

Por último, Javier Revuelta, Senior Principal de AFRY Management Consulting, reconoció también que “una parte muy importante de los gigavatios en desarrollo se van a caer porque no van a cumplir los hitos del RDL 23/2020”. 

 

El almacenamiento: otro aspecto fundamental
De cara al futuro más inmediato, los ponentes coincidieron en la necesidad y viabilidad del almacenamiento de electricidad a gran escala, donde todavía es necesario acometer acciones importantes. Para Revuelta, todavía hace falta algún mecanismo regulatorio que permita atraer más almacenamiento en España porque “no salen las cuentas para esos 12GW que indica la hoja de ruta”. El representante de AFRY explicó que “el Gobierno tiene unos objetivos en materia de almacenamiento para los que no está poniendo los medios”.

Sobre cómo perciben los mercados internacionales de la electricidad la normativa española en materia de renovables y su comparativa con otros países, Giles Dickson aseguró que existe una preocupación generalizada sobre lo que puede ocurrir.

Europa tiene muy claro que no se debería tocar el mercado de la electricidad. Tenemos que seguir utilizando un modelo de mercado marginalista y aceptar que un modelo ‘energy only market’ no va a funcionar a largo plazo para apoyar las enormes inversiones en renovables que necesitamos. Esto es sensato, pero no la actuación del Gobierno español en los últimos años”.

Como explicó González Moya, la regulación de CO2 perseguía reflejar la realidad en el mercado de que producir con fuentes contaminantes era caro, pero “cuando realmente lo es y las renovables pueden ver beneficiada su actividad, resulta que se les hace devolver los ingresos extra que interiorizan en CO2”.

La necesidad de contar con un mercado sostenido en una normativa clara fue una demanda común entre los ponentes. Fernando Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Salamanca, puso de manifiesto la importancia de la sostenibilidad a nivel de gobernanza en los procesos de decisión a todos los niveles. A su juicio, “el hecho de legislar con parches crea precedentes que nunca son positivos”, ya que se le está diciendo al mercado que cuando aparece un problema va a ver una intervención externa que lo solucionará. “Esto dificulta que nos tomemos en serio la transición energética”, apostilló.

Sobre este retraso en el cumplimiento de los objetivos previstos para las renovables, Dickson alertó sobre el grave efecto que podría tener en la generación de empleo y su cadena de valor. “Cuanta más incertidumbre haya sobre el marco regulatorio, menos inversiones habrá. Ya lo hemos visto en Alemania, donde se han perdido más de 5.000 puestos de trabajo por falta de una regulación clara”. 

En relación a las acciones que se pueden poner en marcha todavía para un correcto desarrollo del sector de las renovables en España, el Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Salamanca explicó que se deben tomar medidas que pongan de manifiesto que el saldo medioambiental de las renovables es claramente positivo, incluso en el ámbito local si se compensan los impactos negativos sobre el capital natural con acciones de planificación, restauración y recuperación en el ámbito geográfico próximo, a partir de lo que se conoce como la valoración del capital natural. “Si planteamos las intervenciones sobre la base de la valoración del capital natural, y se facilita que los impactos visuales y de ocupación del territorio se puedan compensar con acciones de recuperación cercanas, la oposición frente a las nuevas instalaciones será mucho más baja”, afirmó Rodríguez.

"Desde el punto de vista ambiental, también da vértigo la integración de las taxonomías ambiental y social. Si se empiezan a permitir compensaciones en base a aspectos no solo ambientales, sino también sociales y de gobierno corporativo, corremos el riesgo de instaurar una incertidumbre absoluta".

El Director General de APPA, por su parte, apuntó a la necesidad de medidas regulatorias claras y no retroactivas para construir un sector al alza, “especialmente en el desarrollo de las subastas”, donde “el cumplimiento del calendario actual del Gobierno no es suficiente para cumplir los objetivos”.

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Noticias sobre política energética y normativa | 02 de diciembre de 2021 | 728

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