El Gobierno autoriza la renovación de la cogeneración industrial con 1.200 MW, incluyendo la posibilidad de utilizar hidrógeno renovable, para modernizar el sector y promover la eficiencia energética.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo marco regulatorio para la cogeneración industrial con la aprobación del Real Decreto que establece las bases de las futuras convocatorias del régimen retributivo específico para estas instalaciones. La medida, que se completará próximamente con una orden ministerial, permitirá adjudicar 1.200 MW de nueva potencia destinados a renovar el parque existente mediante instalaciones de alta eficiencia capaces de operar con gas natural, biomasa y, por primera vez, preparadas para incorporar hidrógeno renovable.
La iniciativa constituye uno de los principales instrumentos para impulsar la modernización de la cogeneración contemplada en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. El objetivo es reforzar la competitividad industrial, mejorar la eficiencia energética y proporcionar flexibilidad y respaldo al sistema eléctrico en un contexto de creciente penetración de las energías renovables.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organizará dos subastas, previstas para 2026 y 2027, que adjudicarán 600 MW anuales. Estas convocatorias cuentan ya con el respaldo de la Comisión Europea, que ha autorizado el régimen retributivo específico al considerarlo compatible con la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.
Las futuras subastas estarán abiertas a instalaciones de cogeneración alimentadas con gas natural y biomasa, así como a plantas que actualmente emplean otros combustibles fósiles y acometan su transformación tecnológica. El diseño busca acelerar la descarbonización de la industria y promover tecnologías de menor impacto ambiental.
En el caso de las instalaciones de gas natural, las emisiones deberán mantenerse por debajo de los 270 gramos de CO₂ por kilovatio hora generado. Además, todas las nuevas plantas de esta tecnología deberán estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable, un requisito inédito en este tipo de convocatorias. Las instalaciones de biomasa, por su parte, deberán acreditar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones exigidos por la normativa europea.
Según las estimaciones del Gobierno, la incorporación de los 1.200 MW permitirá evitar la emisión de aproximadamente 8,4 millones de toneladas de dióxido de carbono a lo largo de la vida útil regulatoria de las plantas.
Las nuevas instalaciones no podrán superar los 100 MW de potencia —15 MW en los sistemas eléctricos no peninsulares— y deberán acreditar ahorros de energía primaria superiores al 10% para ser consideradas de alta eficiencia, salvo las de menos de 1 MW, que únicamente deberán demostrar ahorros energéticos.
La orden ministerial establece además doce Instalaciones Tipo de Referencia (ITR), que servirán de base para clasificar los proyectos participantes. Los detalles sobre los cupos de potencia y el calendario de cada convocatoria se fijarán posteriormente mediante resoluciones específicas. Asimismo, se limita la concentración empresarial al establecer que ningún operador podrá adjudicarse más del 50% de la potencia subastada.
El mecanismo de adjudicación se realizará mediante subastas de sobre cerrado y sistema marginal descendente. Los participantes competirán ofreciendo descuentos sobre los valores estándar de inversión establecidos para cada categoría tecnológica. La rentabilidad razonable aplicable será del 7,09% durante el período regulatorio 2026-2031, de acuerdo con el marco previsto en el Real Decreto 413/2014.
Las plantas de cogeneración alimentadas con gas natural dispondrán de una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que las instalaciones de biomasa podrán percibir la retribución durante un período de 20 años.
Desde el punto de vista económico, el Ejecutivo considera que las subastas tendrán un impacto positivo sobre la industria al facilitar la renovación de equipos y la realización de inversiones estratégicas. El sobrecoste anual para el sistema eléctrico derivado de la retribución regulada se estima entre 414 y 582 millones de euros, aunque esta cifra podría reducirse gracias a la competencia en las subastas y a la evolución de los precios energéticos y del funcionamiento efectivo de las instalaciones.
Con esta reforma, el Gobierno busca relanzar una tecnología clave para sectores industriales intensivos en consumo energético, reforzando al mismo tiempo la seguridad de suministro, la eficiencia energética y la integración de gases renovables en el sistema productivo español.
