Las ayudas permitirán instalar más de 21 MW de potencia eléctrica renovable y generar un ahorro estimado de 34 millones de euros para el sistema eléctrico, además de reducir las emisiones de CO2 en distintos sectores industriales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), mediante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha concedido 20 millones de euros a 11 proyectos seleccionados en la segunda convocatoria del programa RENOCOGEN 2. Financiadas con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las ayudas tienen como objetivo acelerar la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en plantas de cogeneración industriales.
Esta segunda convocatoria busca reforzar la autonomía energética y estratégica del sistema, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y rebajar los costes energéticos de la industria. Según las estimaciones del MITECO, los proyectos financiados permitirán un ahorro superior a los 34 millones de euros para el sistema eléctrico, lo que equivale a un retorno de 1,7 euros por cada euro de ayuda concedido.
Las iniciativas seleccionadas impulsarán además la instalación de 21,3 megavatios (MW) de potencia eléctrica renovable y 17,3 MW de potencia térmica, contribuyendo a incrementar la generación energética limpia en el sector industrial.
La energía solar fotovoltaica será la tecnología predominante en esta convocatoria, ya que ocho de los once proyectos optan por esta fuente renovable para sustituir los combustibles fósiles. Otros dos proyectos recurrirán a la biomasa, mientras que uno combinará energía fotovoltaica e hidrotermia.
Por comunidades autónomas, Navarra concentra el mayor número de proyectos beneficiarios, con tres iniciativas. Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco contarán con un proyecto cada una.
Los proyectos pertenecen a sectores industriales muy diversos, entre ellos la industria papelera, la fabricación de pieles y curtidos, la industria ladrillera, la alimentación, el tratamiento de residuos, la minería y la ganadería.
Además del impacto energético, el Gobierno destaca que estas inversiones generarán beneficios socioeconómicos en los territorios donde se desarrollen, favoreciendo la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido industrial local. Asimismo, contribuirán a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y a avanzar en los objetivos de descarbonización fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030.
