AORU advierte de retrasos de hasta 36 meses en conexiones a red pese a 150 millones invertidos y presenta seis medidas para desbloquear el despliegue.
La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) ha advertido de que el despliegue de infraestructura de recarga en España continúa enfrentando retrasos de hasta 36 meses, principalmente en los procesos de conexión a la red y tramitación administrativa, lo que está limitando la ejecución de inversiones y el ritmo de electrificación del transporte.
Estas conclusiones se han expuesto durante las primeras Jornadas Parlamentarias organizadas por la asociación en el Congreso de los Diputados, en un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, del sector energético y de la movilidad eléctrica.
Los seis miembros fundadores de AORU —Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder— han invertido ya 150 millones de euros y desplegado más de 2.000 puntos de recarga ultrarrápida, con tecnología capaz de recargar vehículos en menos de 20 minutos. Sin embargo, la falta de agilidad en la tramitación impide acompasar el desarrollo de la infraestructura con el crecimiento del vehículo eléctrico.
Durante la jornada, el sector ha subrayado que la recarga ultrarrápida debe considerarse un elemento estructural del sistema energético, clave para la descarbonización y la competitividad industrial, en un contexto en el que España mantiene una elevada dependencia de combustibles fósiles.
Asimismo, se ha destacado la necesidad de cerrar la brecha entre la percepción del usuario y la realidad de la red disponible, así como de mejorar la coordinación entre administraciones y operadores.
En este contexto, AORU ha presentado el manifiesto Charging4Impact, que plantea seis medidas prioritarias: establecer plazos vinculantes para las distribuidoras, mejorar la transparencia de la red, evitar denegaciones sin justificación, agilizar la tramitación municipal, crear un marco regulatorio específico para el sector y dotar de mayor certidumbre a los incentivos.
Desde el ámbito institucional, se ha subrayado la importancia de avanzar no solo en nuevas medidas, sino en la ejecución efectiva del marco regulatorio existente, con el objetivo de reducir plazos y facilitar el desarrollo de proyectos.