Los servicios de ajuste y operación disparan la factura eléctrica un 36% en 2026 y acumulan un sobrecoste de 3.160 millones de euros

El incremento sostenido de los servicios de ajuste y operación del sistema eléctrico se ha consolidado como un gasto estructural que distorsiona las señales de precio en el mercado español. Según datos del último informe (N.º 8) del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, en la segunda quincena de julio los consumidores han asumido un sobrecoste de 17,57 €/MWh, elevando la factura total de estos servicios a más de 220 millones de euros en solo 15 días.

En lo que va de año (período del 1 de enero al 31 de julio de 2026), el coste promedio de los servicios de operación alcanza los 22,09 €/MWh, situándose en niveles comparables al propio coste de los peajes de transporte y distribución. El volumen económico acumulado en los primeros siete meses del ejercicio asciende a 3.160 millones de euros, lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo período del año anterior. En términos prácticos, uno de cada siete euros de la factura eléctrica actual no responde al precio del mercado, sino a los costes adicionales de operación.

El impacto de la “operación reforzada” del sistema

Este encarecimiento tiene su origen principal en las medidas extraordinarias adoptadas tras el apagón del 28 de abril de 2025. Desde entonces, Red Eléctrica (REE) ha intensificado el uso del mecanismo conocido como operación reforzada —que obliga a acoplar tecnologías de respaldo tradicional para dotar de mayor inercia y seguridad a la red—, incrementando sustancialmente las partidas de Restricciones Técnicas y Servicios de Balance.

Esta situación afecta directamente a la competitividad de todos los segmentos de demanda, desde los consumidores domésticos acogidos al PVPC hasta las PYMEs y las grandes industrias electrointensivas, que ven reducido su margen de maniobra operativo frente a competidores internacionales.

Cuatro propuestas urgentes para corregir la distorsión

Ante este escenario, el Observatorio insta a los organismos reguladores y al Ministerio para la Transición Ecológica a adoptar medidas urgentes basadas en cuatro ejes principales:

1. Mayor fiscalización y transparencia por parte de la CNMC: Es prioritario que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia refuerce el control de los costes de la operación reforzada y publique un plan de acción con fechas concretas para su progresiva eliminación, liberando así capacidad para un uso más eficiente de las fuentes renovables.
2. Revisión de la financiación regulatoria: Evaluar fórmulas que permitan recuperar estos servicios esenciales de manera más estable mediante los costes regulados del sistema, garantizando la seguridad del suministro sin penalizar directamente la competitividad industrial.
3. Consolidación de un marco fiscal estable: Hacer permanente la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y del Impuesto Especial a la Electricidad para evitar encarecer de forma artificial el suministro eléctrico.
4. Coherencia con la descarbonización y autonomía estratégica: Alinear el marco operativo con las metas climáticas europeas, garantizando que los mecanismos de flexibilidad e inercia no lastren la transición energética ni la competitividad económica.