Los consumidores eléctricos han asumido un sobrecoste de 19,20 €/MWh por los servicios de operación del sistema durante la segunda quincena de agosto, según el informe n.º 10 del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y el 31 de agosto de 2026.
El informe, elaborado por AELEC, ACENEL, ACIE, AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, CONSUMES, CEOE y CEPYME, señala que, desde el 1 de enero, el sobrecoste medio asociado a estos servicios se sitúa en 21,60 €/MWh, un nivel similar al coste de las redes eléctricas.
Durante la segunda quincena de agosto, estos costes adicionales superaron los 210 millones de euros, elevando el importe acumulado desde comienzos de año hasta los 3.570 millones de euros, lo que supone un 37% más que en el mismo periodo de 2025.
Un incremento que impacta directamente en la factura eléctrica
Las entidades advierten de que los costes asociados a la operación del sistema han experimentado un incremento significativo en los últimos meses. Este aumento se está trasladando directamente a la factura eléctrica de hogares y empresas y, en numerosos periodos, estos costes han alcanzado niveles superiores al propio precio de la energía.
El informe apunta especialmente al impacto de la denominada operación reforzada, cuyo uso se ha intensificado notablemente tras el apagón del 28 de abril de 2025. Según las organizaciones firmantes, este mecanismo ha provocado un aumento sustancial de los costes asumidos por los consumidores.
A su juicio, la situación está generando una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía. Por ello, consideran urgente adoptar medidas destinadas a corregir estas distorsiones.
Cuatro propuestas para reducir los costes
El Observatorio plantea cuatro líneas de actuación para reducir los costes de operación, mejorar la transparencia y preservar la competitividad.
En primer lugar, reclama mayor transparencia y desglose de los costes de operación del sistema. Las entidades consideran imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los asociados a la operación reforzada. Su eliminación, señalan, permitiría generar importantes ahorros para los consumidores, reducir directamente los costes de producción industrial y liberar capacidad para un uso más eficiente de las energías renovables.
Asimismo, solicitan que se publique información detallada, periódica y accesible sobre el conjunto de estos costes, junto con un plan de acción que establezca una fecha de finalización para el uso del modo de operación reforzada.
La segunda propuesta pasa por estudiar soluciones regulatorias para financiar estos servicios mediante una recuperación más estable a través de los costes regulados del sistema eléctrico. El objetivo sería garantizar la financiación de los servicios necesarios sin penalizar a la industria y buscando un equilibrio entre la estabilidad del suministro y la competitividad industrial.
En tercer lugar, las organizaciones plantean una reforma estructural de la fiscalidad energética. Reclaman un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica, y consideran que la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras medidas, debería consolidarse de forma permanente para evitar costes adicionales que encarezcan la electricidad.
Por último, el informe reclama coherencia entre las decisiones operativas y regulatorias y los objetivos de descarbonización y competitividad. Las entidades consideran que el incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía y defienden que las decisiones adoptadas deben orientarse a reducir costes, avanzar en la descarbonización y reforzar la autonomía energética.